viernes, mayo 24, 2024
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Congreso aprueba Ley Orgánica de la Administración Pública

Lilia González

Con el fin de fortalecer el ejercicio de una administración eficaz, austera y con perspectiva social, el Congreso Local aprobó la nueva Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de México, una propuesta innovadora y enfocada a combatir la corrupción.

Con la aprobación, se da paso a una mejora de la Ley, misma que desde hace más de 40 años no tenía una reforma integral, y se da paso a la creación de la Secretaría de Agua, la Oficialía Mayor, la Consejería Jurídica, una Vocería y una Jefatura del Gabinete.

Tal y como se aprobó, el gobierno de Delfina Gómez Álvarez contará con 18 dependencias: la Secretaría General de Gobierno; la Secretaría de Seguridad; la Secretaría de Finanzas; la Secretaría de Salud; la Secretaría del Trabajo; la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Secretaría de Bienestar; Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura; Secretaría del Campo; Secretaría de Desarrollo Económico; Secretaría de Cultura y Turismo; Secretaría de la Contraloría; Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; Secretaría del Agua; Secretaría de las Mujeres; y la Secretaría de Movilidad.

Además de las anteriores, la Consejería Jurídica y la Oficialía Mayor tendrán el mismo peso y rango que las Secretarías.

En tanto, la Vocería que tendrá la tarea de comunicación social y la Jefatura del Gabinete que tendrá un trabajo de aspecto técnico y coordinación con las diversas dependencias, dependerán directamente de la gubernatura.

La nueva ley aprobada, considera nuevas facultades y atribuciones en políticas con perspectiva de género, respeto a los derechos humanos y combate a la corrupción.

Cabe señalar que en los artículos transitorios se establece que se cuenta con un lapso 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de esta Ley para armonizar la legislación correspondiente, y la persona titular del Poder Ejecutivo deberá expedir la reglamentación de las dependencias en un plazo de 90 días naturales, a partir de su entrada en vigor.

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