Los cuatro detenidos que habían sido ingresados al Centro de Prevención y Readaptación Social de Almoloya de Juárez salieron libres después de pagar 60 mil pesos que fueron depositados mediante una fianza, aunque tendrán que comparecer ante un juez, el cual determinará su situación jurídica, en la actualidad se encuentran libres.
Todavía no han revelado los nombres de estos ex servidores públicos, sin embargo con respecto a los otros tres policías ministeriales, el juez de control no ha obsequiado la órden de aprehensión en su contra, aunque sigue en proceso.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) ejercitó acción penal en contra de siete policías ministeriales de esta institución, por su probable responsabilidad en el delito de tortura, derivado de la Recomendación 51/14 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la denuncia respectiva, por hechos posteriores a los incidentes registrados en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio del año pasado, en los que perdieron la vida 22 personas.
La denuncia presentada por la CNDH se sumó a la investigación que la Procuraduría mexiquense había iniciado de oficio el 30 de septiembre de 2014, en la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
Al respecto, de las investigaciones realizadas hasta el momento, se desprenden datos de prueba suficientes para establecer que servidores públicos habrían maltratado física y psicológicamente a las tres víctimas (V-23, V-24 y V-25, según la recomendación de CNDH) con el propósito de obtener información sobre las 22 personas que perdieron la vida en los hechos registrados en Tlatlaya y la presunta relación de estos con un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán.
