Únicamente el 8% de las investigaciones efectuadas en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México son judicializadas.
Por Lilia González
A través de un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) respecto al tema de condiciones de las fiscalías Anticorrupción en México, señala que únicamente el 8% de las investigaciones llevadas a cabo en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México han sido judicializadas, y el 28% de las carpetas de investigación han sido vinculadas a proceso, mientras que en el 24% han logrado sentencias condenatorias.
“La mayoría de los casos de corrupción no se sancionan, entre enero de 2019 a mayo de 2020, únicamente 8 estados reportaron haber judicializado más del 5% de las investigaciones iniciadas, es decir, son muy pocos los casos llevados ante la autoridad competente para recibir una sanción”, sostiene el documento.
El estudio realizado junto con TOJIL, estrategia contra la impunidad, refiere que la Fiscalía mexiquense obtuvo un puntaje deficiente en el eje de marco jurídico; sin embargo, se enfatizó que ninguna fiscalía obtuvo un puntaje satisfactorio o sobresaliente.
Por otra parte, indica que dicha instancia del Estado de México es una de las 14 fiscalías anticorrupción que cuentan con convenios de colaboración con otras instituciones de nivel local y federal para realizar investigaciones en materia de corrupción.
“Desde el 2015, los mexicanos consideran la corrupción como el segundo principal problema en su entidad federativa, solo por debajo de la inseguridad y la delincuencia”, refiere.
A la par, IMCO destaca que mientras el Estado de México cuenta con el mayor número de ministerios públicos, con 55, Guerrero, Colima y San Luis Potosí son los estados con el menor número de ministerios públicos, al contar con menos de tres, sin que exista una justificación clara en términos de extensión territorial o población.
Como cada estudio que practica, el Instituto Mexicano para la Competitividad emitió una serie de recomendaciones, entre las que destaca: que las fiscalías anticorrupción son fundamentales, por lo que se debe garantizar su autonomía financiera y operativa; promover la recuperación de activos, así como del decomiso de bienes, objetos, instrumentos o productos del delito; impulsar la mejora en la colaboración interinstitucional con instituciones federales y locales para efectuar sus investigaciones; y generar planes de persecución penal que prioricen los casos de investigación de manera estratégica, diferenciada y objetiva.
