Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ
Se ha hecho un uso excesivo de la cárcel al endurecer las penas, asegura el titular de la DGPRS.
La sobrepoblación en el Sistema Penitenciario Mexiquense que actualmente es de cerca de 26 mil reos, obliga al poder judicial a implementar sanciones alternativas a la de prisión, como medidas cautelares, liberación provisional, trabajo a la comunidad, o uso de brazaletes, consideró la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (DGPRS).
Pues a decir de su titular, Rubén Fernández Lima, se ha hecho un uso excesivo de la cárcel al endurecer las penas, que no sólo ha derivado en el hacinamiento en los centros de readaptación, sino que su operación sea cada vez más de alto riesgo.
Por lo que consideró prudente reflexionar si es necesario seguir ampliando el “catálogo de delitos” que merecen prisión o apostar a que las personas que han infringido la ley sean reinsertadas a la sociedad.
“Se ha hecho un abuso o un uso excesivo de la prisión, casi todos los delitos en este momento, en el catálogo de los delitos, merecen pena de prisión”, afirmó.
“Lo que tenemos que analizar son todas las medidas alternativas todos lo sustitutivos penales, las medidas cautelares, las libertades provisionales, tenemos el uso del brazalete y una serie de medidas que puedan tener acceso lo jueces”.
Pues alertó que de continuarse agravando las medidas y penas de prisión, lo que ocasionará que en un futuro ya no se puedan implementar sanciones alternas para que los delincuentes sean reinsertados en la sociedad.
“Pero eso no quiere decir de que el hecho de dar otra oportunidad al sujeto que ha cometido un delito para poderse reinstalar en la sociedad de manera adecuada deba tener privilegios”, argumentó.
Fernández Lima reiteró que al incrementar la población penitenciara, su operación se vuelve más riesgosa, pues los internos son ingresados cada vez más por delitos violentos relacionados con el crimen organizado.
