Redacción
La administración del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, respaldó hoy un decreto que declara proyectos clave, incluyendo el Tren Maya, como de interés de seguridad nacional. Este anuncio sigue la anulación de un fallo similar por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anteriormente.
“El hecho de que una obra de esta naturaleza se clasifique como de seguridad nacional o de interés público no significa que no se divulgará información al respecto”, dijo López Obrador durante su rueda de prensa matutina. Insistió en que su administración no se asemeja a las anteriores y que la decisión se tomó en colaboración con el Consejo de Seguridad Nacional para proteger dichos proyectos de los intereses privados.
López Obrador no dejó pasar la oportunidad de criticar al Poder Judicial, acusando a la Corte de estar «en contra de nosotros y de la transformación del país», formando parte de «un grupo conservador y corrupto». Declaró que este cuerpo judicial protege a los criminales de cuello blanco y a los miembros del crimen organizado, alegando que por eso no toman decisiones acorde a la ley.
El presidente aseguró que se busca bloquear y contrarrestar todas sus acciones de manera flagrante, y calificó al Poder Judicial como un servicio al poder conservador. Afirmó que tiene la facultad de emitir decretos y que no es ilegal, ya que busca proteger dichos proyectos.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), declara la información del Tren Maya y el Corredor Interoceánico como de seguridad nacional. Según el documento, serán considerados de seguridad nacional los datos sobre la construcción, operación y infraestructura de estas obras. Este decreto entró en vigor inmediatamente.
Sin embargo, este anuncio no ha sido recibido sin críticas. La Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Julieta Del Río Venegas, expresó que seguirán luchando por la transparencia.
Previo a la emisión de este decreto, la SCJN invalidó un acuerdo similar que clasificaba las obras prioritarias del gobierno federal como de seguridad nacional. Los magistrados coincidieron en que el acuerdo afectaba el derecho a la transparencia y el acceso a la información.
El debate continúa y será el lunes cuando se determine si el decreto quedará anulado en su totalidad o seguirá vigente para aquellos ciudadanos que soliciten información sobre los proyectos estratégicos. Sin duda, este es un tema que seguirá generando polémica en los próximos días.
