- A fin de garantizar la erradicación de cualquier rasgo de violencia en el proceso que se les siga en la nueva ley de justicia para menores de edad infractores.
Especialistas solicitaron al Senado de la República ser cuidadoso al elaborar la nueva ley de justicia para menores de edad infractores, a fin de garantizar la erradicación de cualquier rasgo de violencia en el proceso que se les siga. Indicaron que dicho cuidado debe darse desde su detención hasta la aplicación de la medida de sanción correspondiente, pues sólo de esa forma será posible hacer valer el interés supremo de la infancia, como lo establece la Constitución Política y los acuerdos internacionales firmados por México. Durante el Foro Nacional sobre Justicia para Adolescentes, expertos en materia penal advirtieron que México tiene una deuda en el sistema de justicia para adolescentes.
En este sentido recordaron que en diciembre de 2005 se reformó el Artículo 18 de la Constitución para que los estados y el Distrito Federal establecieran, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia aplicable a menores infractores.
Agregaron que la mayoría de los Congresos locales ya han actualizado sus respectivas leyes; sin embargo, en el ámbito federal el proceso está inconcluso.
Hoy se tiene un plazo de 180 días para que la ley se armonice en todo el país y se establezca en concordancia con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En conferencia magistral, el integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Rubén Vasconcelos Méndez, expuso «es necesario construir nuestra legislación tomando en cuenta las amplias posibilidades que hay de que se ejerza violencia contra niños dentro del propio sistema penal». Refirió que al existir en diversas entidades registros de excesos en el procesamiento de esos infractores, «ahora que se expedirá la legislación única en la materia es momento de trabajar en este problema y establecer mecanismos para prevenir la violencia a la que están expuestos los niños cuando enfrentan la justicia». El titular de la Asesoría Jurídica de las Víctimas del CEAV propuso al respecto que la ley se «regule con cuidado», sobre todo en lo relativo a las medidas para adolescentes responsables de delitos.
También los criterios al individualizar las sanciones, particularmente que las privación de la libertad se apliquen en casos extremos o se agilicen los mecanismos que permitan suspender, modificar o sustituir esta pena, a fin de reincorporar lo más pronto posible al adolescente a su medio social y familiar.
En lo anterior coincidió Leticia Rocha Licea, jueza quinto de Proceso Oral de Justicia Para Adolescentes, del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el Distrito Federal.
En este sentido, abundó, debe tenerse gran disciplina jurídica y dotar a jueces de todos los elementos para salvaguardar el interés superior de la infancia, sobre todo cuando se trate de casos en que tanto el infractor como la víctima son menores de edad.
Por esta razón es necesario brindar capacitación a jueces con el fin de que se sigan procesos con racionalidad y argumentación del Derecho, para que no haya huecos que violenten las garantías de niñas, niños y adolescentes.
Luis Francisco de León Merino, juez para adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, consideró que la norma de infracciones y sanciones no es suficiente para atender cabalmente el interés superior de los infantes.
Se pronunció porque el sistema de justicia para jóvenes cuente con un código de principios fundado en los derechos de la infancia, que se generalice en todo el país.
Ello requiere asignar recursos económicos para capacitar a los policías responsables de la detención de infractores, a los agentes del Ministerio Público y a jueces responsables de aplicar la ley.
Luis Francisco de León también exhortó a invertir en difusión en los medios de comunicación la norma dirigida a niños y adolescentes, para que sean conscientes de que tienen derechos pero también obligaciones, así como de las consecuencias que enfrentarían en caso de incurrir en un delito.
Alma Meneses Bernal, representante de la Red por los Derechos de la Infancia en México, agregó que es necesario establecer un presupuesto específico para la operatividad de la nueva ley.
Se requiere contar con espacios de internamiento adecuados, personal y mecanismos para dar seguimiento a sanciones en libertad y programas de reeducación, readaptación y reintegración de menores de edad a la familia y la sociedad.
Erika Bardales Lazcano, directora de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, anunció que trabajan con grupos sociales y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Su labor es que desde la perspectiva de políticas públicas y en la norma se incluyan protocolos para la correcta ejecución del proceso desde la detención del infantes, su presentación ante la autoridad y la aplicación de la sanción correspondiente.
Consideró que la reforma no podrá aplicarse adecuadamente si no se establecen políticas públicas de forma transversal, que implican capacitación, aplicación de recursos, así como principios y mecanismos al seguir un procedimiento a un joven infractor.
Además, en lugar de que se construya una nueva ley se debe elaborar un código nacional de justicia para adolescentes, pues su estructura permite integrar todos estos elementos, incluso más que una ley nacional, enfatizó.
