* Afirmó el fiscal Santiago Nieto Castillo.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) actuará con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, afirmó el fiscal Santiago Nieto Castillo. El funcionario explicó que se van a generar las condiciones necesarias de blindaje electoral para poder prevenir la comisión de delitos y se ejercerá la acción penal siempre, en todos los casos, contra cualquier persona que resulte responsable, con independencia de su filiación política.
Durante la reunión de Igualdad de Género organizada por el PRD, Nieto Castillo enfatizó que la mejor forma de prevenir la comisión de delitos electorales, es ejercer la acción penal en contra de las personas responsables, con el objetivo de mandar el mensaje a la ciudadanía de que esas conductas no se pueden repetir en la comicios.
En entrevista, el titular de la FEPADE dijo que todos los funcionarios deben atender el cumplimiento de la ley en el país.
La coacción a los subordinados, la retención de los salarios de los trabajadores, el ordenar a los subalternos que trabajen a favor de un partido político, candidato o aspirante, el peculado electoral, el desvío de fondos y el condicionamiento de programas sociales, son conductas delictivas que no va a ser tolerados.
Nieto Castillo dijo que sobre los damnificados hay siete carpetas de investigación y desde que inició el proceso electoral, del 8 de septiembre pasado a la fecha, se han iniciado 65 carpetas de investigación relacionados con diversos motivos. La actividad que más se está denunciado durante el proceso electoral es la alteración al registro federal de electores (movimientos de turismo electoral), seguido del condicionamiento de programas sociales y la compra de votos.
De las 65 carpetas, 41 son por alteración del padrón electoral, hay cinco por peculado electoral, desvío de fondos de bienes y servicios, y cuarto relacionadas con temas de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, dentro de las vistas que ha dado el INE. Estamos trabajando de manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral (INE), con la Comisión de Fiscalización, para efecto de poder blindar los procesos electorales de 2018.
