Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se posicionó en contra del llamado «decretazo» del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Este decreto había clasificado proyectos de la Cuarta Transformación, como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, como asuntos de seguridad nacional.
La votación culminó con una mayoría de 8 votos contra la declaración. Los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz se posicionaron en favor del decreto, pero su apoyo no fue suficiente para mantenerlo vigente.
El Pleno de la SCJN, en la sesión del jueves, consideró que el acuerdo, que data de 2021, impacta negativamente el derecho a la información y limita la operatividad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Javier Laynez Potisek, uno de los ministros, destacó cómo el decreto forzaba a las secretarías a reservar información, catalogándola como de seguridad nacional, sin dejar margen de interpretación. Según él, esto afectaba el sistema y la facultad reglamentaria del INAI.
Los detalles concretos sobre las implicaciones de esta decisión serán presentados en la próxima sesión del pleno, que tendrá lugar el lunes.
Con esta resolución, el decreto que designaba las obras prioritarias como asunto de seguridad nacional ha quedado invalidado. La propuesta para impugnarlo, presentada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, recibió 8 votos a favor y 3 en contra. Carrancá señaló que el acuerdo presidencial violaba el derecho a la información y podría influir en las operaciones del INAI.
Arturo Zaldívar, por otro lado, defendió el decreto del presidente. Argumentó que este no interfería con el derecho de acceso a la información pública. Yasmín Esquivel Mossa se unió a Zaldívar en su defensa del decreto, destacando que las obras públicas de la comunidad no deben restringirse bajo la etiqueta de seguridad nacional. Loretta Ortiz también se mostró en contra de la propuesta de Carrancá, argumentando que el decreto no implica que el Gobierno Federal deba retener la información.
