A mi manerA

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Por Julio A. AGUIRRE

* Caso Tlatlaya.
* Acción penal.
* Reparación del daño.

 

El futuro nos tortura y el pasado nos encadena. He ahí por qué se nos escapa el presente. Gustave Flaubert.

    Con pasos cansinos, en casos impactantes, la ley hace su trabajo atrasando la aplicación  de la justicia.

    Tras un año y un día de los acontecimientos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en el que perdieron la vida 22 personas, finalmente la Procuraduría General de Justicia de la entidad, ejercitó acción penal en contra de siete policías ministeriales de la institución, por su probable responsabilidad en el delito de tortura, derivado de la Recomendación 51/14 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

    Desde el 30 de junio de 2014, el nombre de México recorrió el mundo por la masacre ocurrida. La loza era -sigue siendo- grande y pesada. Ciudadanos y organizaciones defensores de los derechos humanos, nacionales e internacionales condenaban los acontecimientos y solicitaban a las autoridades mexicanas acciones inmediatas.

    Ciertamente, 366 días después de los acontecimientos no es justicia pronta y expedita.

    La desgracia ocurrida en el Estado de México fue acallada en el país pasando a segundo término cuando casi tres meses después (26 septiembre del 2014), el país volvía a estremecer al mundo ahora por el caso del enfrentamiento entre estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, con policías municipales y estatales de Guerrero.

    El saldo preliminar dos estudiantes muertos y 42 desaparecidos.

    Una desgracia cubría o restaba atención de los medios informativos por otra tragedia.

    Volviendo al caso que concierne al Estado de México, ayer, un juez de Control del Distrito Judicial de Toluca concedió orden de aprehensión en contra de cuatro elementos de la Policía Ministerial, misma que fue cumplimentada y derivado de ello fueron ingresados al Centro de Prevención y Readaptación Social de Almoloya de Juárez, donde un juez determinará su situación legal; por los tres elementos restantes la orden de aprehensión está en proceso de ser otorgada por la Autoridad Judicial.

    Las investigaciones realizadas, hasta el momento, ofrecen datos de prueba suficiente para establecer que servidores públicos habrían maltratado física y sicológicamente a las víctimas, según recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esto con el propósito de obtener información sobre las 22 personas que perdieron la vida en Tlatlaya  y la presunta relación de estos con un grupo delictivo con orígenes en el Estado de Michoacán.

    La Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos realizó diversas diligencias en las que las víctimas reconocieron a los servidores públicos señalados como probables responsables de tortura y maltrato.

    Hasta el momento han comparecido más de 40 servidores públicos del Instituto de Servicios Periciales, Ministerios Públicos y Policías Ministeriales.

    La Procuraduría del Estado de México está, anunció en su boletín 460/2015, en total disposición de atender todos y cada uno de los aspectos que tengan que ver con posibles irregularidades dentro de las actuaciones de sus servidores públicos; por ello, se mantiene un desglose de la indagatoria para continuar con las investigaciones.

HORAS ANTES

    Nuestro carácter es el resultado de nuestra conducta. Aristóteles.

    El encargado de la política interna en el Estado, José Manzur Quiroga aceptaba horas antes de lo anunciado por la Procuraduría Mexiquense que la investigación sobre caso Tlatlaya se ha dado parcialmente como lo informó a través de un comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

    “El fideicomiso se fondeó y ahora está en el terreno de las víctimas que se acerquen a la Procuraduría de Justicia para que se les indemnice de manera inmediata”, afirmó sobre la reparación del daño a víctimas testigos de la masacre.

    Si hay funcionarios de la Procuraduría que hayan actuado con irresponsabilidad serán castigados al respecto. Lo que falta es que la Procuraduría termine con sus peritajes para que los funcionarios que actuaron mal sean castigados conforme a derecho, garantizaba José Manzur Quiroga, quien en su calidad de encargado de la política interna sabía lo que más tarde anunciaría la Procuraduría, dejando que fuera dicha dependencia quien informara detalladamente sobre las acciones.

    Tal vez lloré o tal vez reí/ tal vez gané o tal vez perdí/ ahora sé que fui feliz y si lloré también amé, puedo seguir hasta el final…A mi manerA.

Correo electrónico: aguirre@8columnas.com.mx