Andrés Manuel López obrador acusa al juez de distrito Juan Pablo Gómez fierro de actuar como empleado de empresas particulares

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POR Edgar ROMERO

Como ya es costumbre y tradición, semana tras semana el Presidente López Obrador desata la polémica, crea ámpula y genera el debate en la vida publica del país, y es que ante los pocos logros de su gobierno, ha resultado ser muy buena estrategia para mantenerse en las primeras planas y conservar su nivel de aceptación comprar pleito, realizar señalamientos, fomentar la pugna entre liberales y conservadores, esta ocasión toco el turno a Juan Pablo Gómez Fierros Juez Segundo de Distro en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones quien fue señalado durante la conferencia mañanera del día de ayer de actuar como empleado de empresas particulares, motivo por el cual el Presidente de la Republica envió una carta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar Lelo de la Rea con la intención de que se analice y determine si el Juez actuó con estricto apego a derecho al otorgar la suspensión provisional a dos empresas y con ello frenar la entrada en vigor de la llamada “Nueva Ley de la Industria Eléctrica” pues estas suspensiones son de aplicación general para la industria eléctrica.

 

Por supuesto que le ira y el descontento de nuestro Tlatoani no se hizo esperar, probablemente su poca falta de entendimiento jurídico no lo hace comprender que la suspensión en el juicio de amparo resulta ser una medida cautelar, que de otorgarse debe aplicarse en las primeras veinticuatro horas de haberse presentado la demanda de amparo, probablemente no le fue informada esta cuestión por sus asesores, o probablemente se pretende confundir a la opinión publica y crear suspicacia con respecto a la prontitud de la suspensión, como quiera que sea y como siempre pasa en estos casos, los jueces después de ser exhibidos públicamente corren la suerte de la defenestración y el juicio publico sumario. Uno de los Principios Generales del derecho indica que todo aquel que acusa esta obligado a probar y en este momento no existe una sola prueba en contra del juzgador y Ustedes me dirán, bueno precisamente para eso existe la investigación, y eso es correcto, solo que en la investigación se producen sesgos de objetividad cuando las cuestiones estrictamente jurídicas se contaminan con las cuestiones políticas.

 

Claro que la respuesta del Presidente de la Corte no se hizo esperar, y sin adelantar posiciones solamente se limito a expresar que a la carta-queja presentada por parte del Presidente se le dará el tramite como a cualquier otra queja presentada por cualquier hijo de vecino y que de encontrar elementos procederán a iniciar la investigación respectiva, por supuesto que esto es una respuesta que esta muy lejos de satisfacer a nuestro Tlatoani, pues ni tardo ni perezoso volteo la mira de inmediato al Ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz a quien le hizo una lista de asuntos en los cuales según su apreciación se advierte una mala praxis judicial del Ministro, yo creo que lo que el Presidente tiene que hacer es poner a trabajar a sus abogados, a su equipo jurídico y dejar de litigar estos asuntos en los medios, el Juicio de Amparo es una institución creada para proteger Derechos Humanos, que gane la parte a quien le asista el derecho y la razón, de entrada la suspensión es susceptible de ser combatida, pues entonces que interponga su recurso.