Saúl GÓMEZ BRITO
Está claro, hoy es necesaria una adecuación institucional a los nuevos tiempos políticos y a las nuevas exigencias de una sociedad civil, que se torna cada vez más demandante y reclamante, estos son tiempos cruciales para apuntalar a las instituciones con nuevas modalidades en el quehacer político.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) da cifras para entender como sólo el 4 por ciento de 14 millones 539 mil jóvenes entre 15 y 29 años tienen la fortuna de contar con un ingreso superior a los 5 salarios mínimos, es decir ganan 10 mil pesos o más, ésta realidad se hace más compleja con la crisis global que afecta a nuestras jóvenes generaciones.
Además, el proceso de modernización necesario para la competencia ha ido debilitando la generación de empleos y, algo más crítico, incrementando el nivel de desempleo; a propósito, no pasan desapercibidos los esfuerzos y voluntades de las autoridades gubernamentales por incrementar la productividad, la competitividad y la eficiencia. En este entorno la caída de los ingresos del petróleo debe ser considerada, debe atenderse porque no hay otra opción que continuar con las políticas de ajustes estructurales de las finanzas públicas y ante ello, nuevamente se contrae la economía, estando los riesgos de ser un mundo ordenado y sin contradicciones.
En un buen entender, lo anterior conlleva a que la economía local tenga que ajustarse a las condiciones productivas actuales, lo cual refleja la importancia de volver la vista al mercado municipal, procurando repensar los gastos en los servicios para reafirmar con atención las políticas de combate a la pobreza que puntualmente se han seguido.
La modernización económica ha de estar acompañada de procesos de liberación política que permitan conservar el orden y avanzar al mismo tiempo en la construcción de una mayor y mejor institucionalidad, que pueda contener y dar respuesta eficiente a la creciente pluralidad de la sociedad mexiquense. Garantizar la continuidad de este proceso es un requisito indispensable para poder ver la consolidación de dicha modernización y esa garantía sólo es posible asegurarla con la participación democrática en todos los niveles de gobierno, para atender las exigencias de los pueblos y evitar se sigan hundiendo en la pobreza. No puede, mejor no debe permitirse que los costos sociales de la modernización económica se transformen en costos políticos, esto sale caro pues ponen en riesgo el orden social y la misma estabilidad con la que hoy contamos; en el escenario está la necesidad de una interpretación objetiva de este proceso.
Esta realidad se ha hecho cada vez más compleja con el padecimiento de la crítica situación global que afecta a nuestros municipios, el entorno del capital financiero tiene una marcada influencia en la situación de nuestros pueblos y ésta adquiere diversas modalidades inducidas, en parte por la dinámica de la pobreza. Por demás la definición de la política económica no puede ser concebida al margen de los acuerdos con el sector empresarial. La concertación de nuevos mecanismos de política productiva tienden a otorgar mayores márgenes de certidumbre al inversionista y, no dejan de tener razón quienes subrayan la importancia de las tendencias de los flujos financieros del exterior para el desarrollo productivo. La sociedad quiere respuestas, la modernización es necesaria porque ya no se puede conducir con los viejos criterios, muchos paradigmas se han tornado ineficientes para dar respuesta a los procesos de cambio que el Estado experimenta; entendemos bien, la modernización es un intento por encontrar otras modalidades que permitan crecer con orden, estabilidad y certidumbre.
