POR Norberto HERNÁNDEZ
Las amenazas de los grupos criminales son reales y en distintos niveles. Sus opciones son dos: primero el soborno y segundo la eliminación física. Desde iniciada la “guerra contra el narco” han sido asesinados candidatos, legisladores, periodistas, mandos de la policía, jueces, militares de todo rango, empresarios, presidentes municipales electos y en funciones. La mayoría de los gobernadores viven bajo amenaza y prefieren actuar bajo la sutileza del “laissez faire et laissez passer” (dejar hacer-dejar pasar).
En otros casos los aviones o los helicópteros se han caído como en el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón. En esa trágica línea de acontecimientos también ocurrió la muerte del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo; se dijo que su ejecución fue una lamentable confusión entre cárteles. El medio artístico no ha sido ajeno a estos sucesos, todavía se recuerda la muerte del conocido conductor Paco Stanley por lo espectacular de su ejecución, en plena mañana en el sur de la Ciudad de México. Otras más han sido las muertes de cantantes como Sergio Gómez, de K-Paz de la Sierra y la solista Jenni Rivera. Años atrás se registró el homicidio del reconocido intérprete Víctor Iturbe “el Pirulí”.
El dominio territorial del crimen organizado dedicado al tráfico de drogas es evidente; han avanzado en el control político de las entidades federativas. Su intervención puede ser en dos momentos: durante los procesos electorales o después de tener a un ganador. Sin embargo, existe otra variante que es ofrecer apoyos a los candidatos punteros y, al final, dejar comprometido al que gane. Libros e investigaciones periodísticas y académicas han dado ejemplos contundentes del dominio que han ganado los cárteles de la droga, desde iniciada la alternancia política en nuestro país. En algunas entidades se vive en el extremo, los candidatos a cargos de elección popular son impuestos por ellos y no importa el partido. Inmersos en el rol de la pluralidad política nacional, resulta más fácil, barato y con menos desgaste someter a un presidente municipal, a un gobernador que a la autoridad federal.
Hasta antes de la alternancia en el Poder Ejecutivo, el guía, negociador o el que ponía las reglas era el presidente en turno. No era una medida de derecho, si no de hecho (más preciso de facto). La operaban los militares, marinos y/o los titulares de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), en particular con los comandantes de la temible Policía Judicial Federal. La geografía criminal la definía el Estado y su aparato. Ese modelo se agotó con la llegada de los presidentes panistas. Y fue peor. Las instituciones de gobierno mostraron su debilidad o de plano su descomposición, como la misma PGR o la Dirección Federal de Seguridad (DFS). De las policías locales mejor ni hablamos.
Los gobernadores desplazaron el poder presidencial y todo se fue de las manos. De pronto los cárteles ejercieron funciones exclusivas del Estado, como percibir impuestos o brindar seguridad. Cobran derecho de piso, controlan la plaza e imponen su ley. Su poder económico se tasa en millones de dólares y su capacidad de fuego supera a las fuerzas oficiales locales.
Una ventaja más es que no los obligan los límites que impone la ley, no observan los procedimientos burocráticos gubernamentales ni acatan las normas de respeto de los derechos humanos. Al igual que los cárteles colombianos han fortalecido su base social con apoyos a las comunidades más pobres. Es común saber que distribuyen despensas a los grupos vulnerables en zonas bajo su control.
El país vive un gobierno paralelo generado en los últimos siete sexenios. No somos un Estado fallido, pero si con gobiernos locales débiles, mal organizados y, en muchos casos, cómplices. Aquí está lo grave. Si a este escenario sumamos el enojo de los grupos de poder económico, sus socios y los afectados por la lucha contra la corrupción que encabeza el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la estabilidad nacional vive un momento crítico. Es el caldo de cultivo para atentar contra la vida del presidente. La agresión puede venir de cualquier lugar y los culpables serán los narcos, aunque los actores intelectuales provengan del ala conservadora que se ha visto afectada por la llegada de la 4T.
El verdadero cambio de régimen es la lucha contra la corrupción, es lo que más ha dañado a México y abatirla será el mayor logro del Presidente López Obrador. Pero solo será posible si sigue con vida. Los saqueadores del país no están contentos, porque se acabó la barra libre. Él lo sabe y debe cuidarse o dejarse cuidar. Él se dice juarista, ojalá sea más cardenista.
