POR Isidro O’SHEA
El domingo pasado, Chile celebró una vez más una jornada electoral de consulta ciudadana, en donde no estaba precisamente en juego, la elección de sus gobernantes. Chile una vez más, a través de la figura del plebiscito, participó en una consulta ciudadana, para decidir si mantenían la misma Constitución de hace 40 años, o bien constituir una nueva. Asimismo, se votó respecto a qué forma debería tener el Congreso Constituyente en caso de ganar la opción de una nueva Constitución.
Sin lugar a duda, este fue un ejemplo más de participación ciudadana de tipo democrático, por las formas y las razones que llevaron a dicho plebiscito al país sudamericano; pues la Constitución que aún los rige, si bien es joven (40 años), y en términos de funcionalidad no ha tenido grandes desventajas, pues al estilo mexicano, se ha enmendado con cientos de parches, en la fuente de su legitimidad residía el problema.
Dicha Constitución se aprobó en 1980, cuando aún perduraba el régimen del entonces dictador Augusto Pinochet; haciendo que en aquel entonces la aprobación de dicha Constitución se votara bajo presiones políticas y gubernamentales que afortunadamente, hoy no son la realidad de Chile.
Lo sucedido el domingo pasado en territorio chileno, fue de tanta naturaleza democrática, que los mismos resultados lo reflejaron: casi un 80% respaldó una nueva Constitución. Incluso puede explicarse también, a partir del hecho de que 40% del padrón electoral chileno está conformado por personas menores de 40 años, quienes lógicamente, no vivieron las grises tinieblas del régimen dictatorial de Pinochet.
Sin embargo, debemos entender que no toda consulta ciudadana es precisamente democrática; a pesar de que el conjunto de vocablos nos haga pensar que todo este tipo de ejercicios de participación directa son de manera lógica más democráticos. Ello no es necesariamente así, porque la democracia debe ser pensada no solamente en sus productos finales, sino también en sus procedimientos; es decir, no se pueden considerar democráticas las consultas ciudadanas del actual gobierno mexicano, cuando éstas carecen de transparencia, pero sobre todo de instituciones que las regulen. Incluso no podemos considerarlas democráticas, cuando ni siquiera se colocan un número significativo de casillas; y las que se colocan, se colocan de manera arbitraria, en comunidades que favorecen la opción que el jefe del ejecutivo propone. Aunado a lo anterior, y aunque pueda parecer en primera instancia un factor menor, hasta la forma de estructurar la pregunta puede ser arbitraria y parcial hacia una determinada opción, característica que está muy lejos de los principios democráticos.
En otra vertiente, es importante pensar no solamente en la legitimidad, sino también, en la legalidad de las consultas ciudadanas.
El debate respecto a la decisión de la Suprema Corte de Justicia Mexicana de validar una consulta ciudadana respecto a la opinión de la población sobre juzgar o no, a aquellos personajes políticos que hayan estado involucrados con eventos de corrupción, es lamentable, por no decir, una desgracia.
La ley debe cumplirse más allá de la voluntad popular, y la ley afirma que aquel que cometa actos ilícitos debe ser juzgado. Por esa simple y sencilla razón, una futura consulta sobre si juzgar o no, a ciertos personajes políticos por haber cometido actos no legales, no puede ser considerada democrática. La democracia, debe ser vista como el encuentro entre legitimidad y legalidad. Las leyes deben ser justas, y quien la ejerce debe ser ciego, como lo representa Temis, la Diosa y dama de la justicia.
Similar, aunque de naturaleza políticamente distinta, fue el caso catalán en el 2017, cuando el gobierno de la comunidad autónoma llamó a un referéndum respecto a la independencia de Cataluña con relación a España. Si bien, dicho ejercicio pudo haber sido altamente legítimo, éste no era legal; lo cual produjo que posteriormente, el jefe de la generalidad catalana fuera cesado de sus funciones y juzgado por haber liderado una consulta popular que contradecía los principios de las leyes españolas.
En democracias, reitero, las instituciones y las leyes deben ser respetadas, a la vez que éstas deben también escuchar la voz ciudadana y sus protestas, pues ahí se da el encuentro entre legalidad y legitimidad.
Es inviable pensar únicamente en reglas y leyes ya establecidas e inamovibles, pues ello nos llevaría a Estados y gobiernos autoritarios; sin embargo, tampoco es posible pensar únicamente en la ley del aplusómetro, pues esta nos llevaría a un escenario de constante lucha entre unos y otros, que al final solo somos nosotros.
La democracia es el encuentro entre legalidad y legitimidad.
