Lilia González
Con el fin de sancionar a los padres que abandonen a mujeres embarazadas o incumplan con el otorgamiento de pensión alimenticia, las y los integrantes de la comisión legislativa de Procuración y Administración de Justicia inició el análisis de la llamada “Ley Sabina”.
Para la propuesta, se plantean ajustes al Código Penal y al Código Civil del Estado de México y dentro de ella se proponen penas de seis meses a 2 años de prisión y la pérdida de los derechos inherentes a la patria potestad, custodia o tutela y a heredar, a quien sin motivo justificado abandone a la mujer en estado de gravidez y se acredite su paternidad legalmente; además de establecer agravantes en caso de que se lesione a la mujer o al producto en periodo de gestación.
Lo anterior es conocido como “Ley Sabina” debido a una menor que durante cuatro años no ha recibido pensión alimenticia, inspirando a su madre Diana Luz a iniciar un movimiento para promover castigos por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias que afecta a millones de niñas y niños en el país.
Durante el estudio de la iniciativa, se indicó que un problema recurrente en materia de derecho familiar es el incumplimiento de la obligación alimentaria, señalando que tan solo en el año 2020 en la entidad se reportaron 12 mil 432 juicios sobre pensiones alimentarias.
“El objetivo de la obligación de alimentos consiste en garantizar el derecho fundamental a acceder a un nivel de vida adecuado, por lo que es necesario cubrir todas sus necesidades básicas que consiste en la alimentación, el vestido, la habitación y la asistencia médica en caso de enfermedad, en su caso los gastos de embarazo y parto, así como los gastos necesarios para la educación que les proporcione un oficio, arte o profesión, pese a su importancia, deja de cumplir ese deber poniendo en riesgo el desarrollo integral del menor”, expresa el documento.
Ante ello, se indicó, la tarea del legislador es estructurar un sistema legal que garantice plenamente el cumplimiento de la obligación alimentaria.
Cabe señalar que la iniciativa seguirá en estudio y buscarán que acuda personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para que les informe cómo está este problema y emita su opinión sobre la iniciativa de ley que pretenden dictaminar en las siguientes semanas.
