Redacción
En el marco de la presentación del segundo informe relacionado con el trágico caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), arrojó luz sobre una serie de revelaciones significativas que arrojan nueva perspectiva sobre este sombrío episodio de la historia.
En primer lugar, Encinas desestimó cualquier vínculo entre los estudiantes de Ayotzinapa y el crimen organizado. Sin embargo, hizo hincapié en la existencia de una colusión entre el Ejército y el grupo delictivo Guerreros Unidos, una afirmación respaldada por investigaciones llevadas a cabo por la DEA.
Las investigaciones han destapado que, durante años previos a los trágicos eventos de 2014 en Iguala, los normalistas eran objeto de seguimiento por parte de la inteligencia militar. Este hecho arroja serias interrogantes sobre los motivos detrás de su desaparición.
Encinas presentó tres hipótesis que podrían haber llevado a la desaparición de los estudiantes. La primera gira en torno a una posible confusión por parte de Guerreros Unidos, quienes habrían sospechado de la infiltración de un grupo rival, Los Rojos, entre los estudiantes.
La segunda teoría sugiere que los estudiantes fueron objeto de represalias en medio de amenazas provenientes del entonces presidente municipal de Iguala y Guerreros Unidos.
Por último, se plantea la posibilidad de que los autobuses en los que viajaban los normalistas estuvieran involucrados en actividades relacionadas con el tráfico de drogas, armas o dinero, lo que pudo haber desencadenado los trágicos eventos.
Encinas resaltó la importancia de entender que los normalistas no estuvieron juntos durante todo el tiempo de su desaparición, ya que fueron divididos en al menos tres grupos y llevados a diferentes lugares, lo que complica la búsqueda en una ubicación única.
El informe también subraya que el grupo delictivo operó la desaparición de los estudiantes mediante la colaboración de al menos tres células delictivas, con la complicidad de diversas autoridades en diferentes áreas de Iguala.
En total, se identificaron 434 actores relevantes en este trágico episodio, incluyendo miembros de grupos delictivos, funcionarios de gobierno estatal y municipal, policías municipales, fuerzas armadas, funcionarios federales y personas ajenas a las autoridades.
El subsecretario Encinas no escatimó en reconocer que lo sucedido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa constituye un crimen de Estado, una conclusión que arroja nueva luz sobre la gravedad de este caso que ha conmocionado a la sociedad mexicana y al mundo entero.
