Redacción
En un movimiento sin precedentes, el Parlamento italiano ha aprobado una ley que prohíbe la producción y venta de alimentos sintéticos, incluida la carne cultivada, convirtiendo a Italia en el primer país de Europa en adoptar esta medida. La norma, impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni, líder de la ultraderecha, ha desatado un intenso debate sobre sus fundamentos.
La legislación argumenta la posibilidad de desigualdades nutricionales y la falta de estudios científicos que respalden estos alimentos sintéticos, generando controversia entre la oposición que destaca la falta de conclusiones científicas que justifiquen una prohibición total. Los críticos también señalan posibles conflictos con el principio de libre circulación de mercancías en la Unión Europea si se restringe la comercialización de alimentos sintéticos extranjeros.
La ley establece multas significativas, que van desde 10 mil hasta 60 mil euros o el 10% del volumen de negocio en casos de ingresos superiores a los 60 mil euros, para aquellos que incumplan la prohibición de comercializar este tipo de alimentos. El proceso legislativo, marcado por el debate en la Cámara de Diputados y enfrentamientos entre partidarios y opositores, ha estado en constante posposición debido a las dudas sobre su alineación con la legislación europea.
El ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, defiende la ley como una medida para proteger la salud pública y prevenir el desempleo, argumentando un posible riesgo de injusticia social con los alimentos sintéticos. Según Lollobrigida, la intención del gobierno italiano no es persecutoria, sino una manera de salvar la salud y el medio ambiente.
El ministro de Sanidad, Orazio Schillaci, respalda la decisión como una forma de salvar el patrimonio y la cultura agroalimentaria del país basada en la dieta mediterránea. Schillaci destaca la significancia de la ley, basada en el principio de precaución debido a la falta actual de estudios científicos sobre los efectos de los alimentos sintéticos, asegurando así el máximo nivel de protección de la salud ciudadana y la preservación del patrimonio nacional.
El gobierno de Meloni ya ha tomado medidas previas para informar a los consumidores sobre alimentos «no tradicionales», como obligar a los supermercados a separar harinas fabricadas con insectos del resto de los productos.
