Por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), internos en penales federales y estatales tendrán la oportunidad de votar en las próximas elecciones presidenciales, cumpliendo así con un mandato constitucional. Según lo informado por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se espera que el 14.55% de la población de penales federales y el 13.3% de los internos en centros de reclusión estatales ejerzan su derecho al voto entre el 6 y el 20 de mayo.
La iniciativa surge a raíz de la petición de dos internos en Chiapas en 2018, quienes fueron impedidos de votar, generando así una solicitud al INE por parte del TEPJF para garantizar el derecho al voto de las personas no sentenciadas en centros penitenciarios. En un esfuerzo por cumplir con esta disposición, el INE realizó una prueba piloto durante las elecciones intermedias de 2021, involucrando a 950 personas privadas de la libertad en cinco Centros Federales de Readaptación Social.
Para las elecciones de 2024, el INE tiene previsto extender esta medida a todos los reclusorios federales y estatales. Se han tomado medidas para garantizar la participación democrática, como la creación de una Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva y la difusión de los requisitos para votar entre los internos. Además, se han establecido protocolos de seguridad para la instalación de mesas receptoras en los centros penitenciarios.
En total, se estima que 31,121 internos (13.3% del total) cumplen con los requisitos para participar en las elecciones presidenciales. En los 14 centros federales, se ha registrado a 3,075 personas privadas de la libertad en la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva. El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) ha elaborado un protocolo específico para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la jornada electoral en los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS).
La secretaria Rodríguez destacó que este proceso no solo cumple con una disposición legal, sino que también se alinea con prácticas internacionales, donde diversos países permiten que las personas privadas de la libertad ejerzan su derecho al voto, independientemente de su condición jurídica.
