Redacción
El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, con el fin de fortalecer la lucha contra crímenes que afectan gravemente la seguridad pública y la economía del país. Con 94 votos a favor, 34 en contra y sin abstenciones, la medida incluye delitos como la extorsión, el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, el contrabando y el uso de comprobantes fiscales falsos.
Esta modificación al artículo 19 de la Constitución implica que las personas acusadas de estos delitos deberán permanecer en prisión durante su proceso judicial, sin la posibilidad de obtener libertad condicional.
La medida ha generado un intenso debate entre los legisladores, quienes se han dividido sobre si esta reforma es una herramienta necesaria para garantizar la seguridad o si vulnera derechos fundamentales, como la presunción de inocencia. Los defensores de la reforma, principalmente de Morena y sus aliados, argumentan que estos delitos paralizan comunidades, afectan a empresarios y alimentan el crimen organizado, lo que justifica la necesidad de mantener a los acusados en prisión hasta que se resuelva su situación legal.
En contraste, algunos opositores, como los senadores del PAN y Movimiento Ciudadano, critican el carácter automático de la prisión preventiva, al considerarlo una medida excesiva que podría resultar en la criminalización injusta de personas inocentes, especialmente aquellas sin los recursos para defenderse adecuadamente.
Dentro de las críticas, algunos legisladores mencionan que las estadísticas revelan que una gran proporción de los detenidos bajo prisión preventiva son finalmente absueltos, lo que aumenta los temores sobre el abuso de esta herramienta. Sin embargo, varios senadores del PAN rompieron con la postura oficial de su partido y apoyaron la reforma, citando la necesidad de una respuesta más firme ante el crimen organizado.
Para que esta reforma sea efectiva, deberá ser ratificada por al menos 17 congresos locales. Si se aprueba, las autoridades judiciales contarán con mayores herramientas para enfrentar delitos que afectan tanto la economía como la seguridad. No obstante, la implementación de esta reforma deberá garantizar que no se utilice de manera indebida ni se produzcan violaciones a los derechos humanos. La discusión sobre esta reforma refleja las tensiones entre las fuerzas políticas del país y la preocupación sobre cómo equilibrar la seguridad pública con la protección de las garantías individuales.
