Redacción
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra en Culiacán y afirmó que permanece «ubicable», al tiempo que rechazó que el Gobierno de México mantenga vigilancia sobre él o que exista presión por parte de Estados Unidos en torno a las investigaciones que involucran al exmandatario estatal.
Durante su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo señaló que se conoce el paradero de Rocha Moya porque él mismo está localizable y sostuvo que cualquier determinación sobre su situación corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad encargada de las investigaciones.
Las declaraciones se producen cuando el exgobernador acumula 67 días sin apariciones públicas, luego de solicitar licencia al Congreso de Sinaloa el pasado 1 de mayo. Aunque informó en redes sociales que acudió a declarar ante la delegación de la FGR en Culiacán, no se registró públicamente su ingreso o salida de las instalaciones.
Sheinbaum también negó que su administración actúe bajo presión del gobierno de Estados Unidos, pese a las investigaciones abiertas en ese país relacionadas con Rocha Moya y a los nuevos señalamientos sobre la captura de Ismael «El Mayo» Zambada.
La mandataria afirmó que México responde con autonomía y dignidad en la relación bilateral, al sostener que el país puede enfrentar presiones externas sin comprometer su soberanía ni las decisiones de sus instituciones.
Las declaraciones ocurrieron después de que el Gobierno federal cuestionó las versiones ofrecidas por autoridades estadounidenses sobre la captura de «El Mayo» Zambada y solicitó información adicional al FBI para esclarecer la participación de agencias de ese país en el operativo realizado en julio de 2024.
En Estados Unidos permanece abierta una investigación en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y nueve exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con «Los Chapitos», mientras que Ismael Zambada analiza declararse culpable y aceptar una sentencia de cadena perpetua.
La presidenta reiteró que las investigaciones deben seguir su curso conforme a la ley y que corresponde a las autoridades ministeriales determinar cualquier responsabilidad derivada de estos casos.
