Evitar filtraciones de videos de crímenes

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Extienden servicios... El rector de la UAEM, Jorge Olvera García, sostuvo una reunión de trabajo con el cónsul de México en San Antonio, Texas, Héctor Velasco Monroy, e inició los trabajos de vinculación con esta sede diplomática, que permitirán a la institución mexiquense extender los servicios que presta a los migrantes mexicanos que radican en los Estados Unidos.

* Solicitud para que el sistema de videovigilancia del territorio
 público y privado opere en secrecía.

* Podría afectar al proceso de investigación del caso. Necesario se legisle para evitar su filtración.

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

La sociedad civil del Estado de México exigió se ejecuten acciones legales inmediatas para evitar la filtración de videos de crímenes como el caso del juez federal, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías asesinado en el municipio de Metepec, esto porque, alertó, los casos podrían quedar impunes al romperse la cadena de custodia y presunción de inocencia, mientras que el gobierno estatal garantizó revisará la solicitud y aplicará medidas de protección en la materia.
Fue al seno del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) que se elevó y externó la solicitud a las autoridades de seguridad y justicia para que el sistema de videovigilancia del territorio público y privado, opere con secrecía y las grabaciones de los delitos se mantengan en manos de las autoridades y no de la opinión pública.
Integrantes del CCSP lamentaron que la ejecución de Bermúdez Zacarías haya pasado a nivel nacional a través de los medios de comunicación, ya que consideraron se vulneró el derecho a la intimidad del ciudadano, además que podría afectar al proceso de investigación del caso, que hace necesario  se legisle para evitar su filtración.
Incluso, desde dicho consejo se expresó apoyo y colaboración a las autoridades de seguridad y justicia, para revisar o en su caso aplicar una reglamentación en el sistema de videovigilancia mexiquense, ya que consideraron sería una desventaja para el esquema no contar protección sobre el material que se graba.
“Yo creo que valdría la pena saber si hay alguna reglamentación y si no creo que el Consejo puede ayudar a proponer alguna reglamentación que cuide mucho este derecho a la intimidad del ciudadano”, expresó Mauricio Valdés Rodríguez, presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM) e integrante del CCSP.
En respuesta, el secretario general de Gobierno estatal, José Manzur Quito aceptó no sólo revisar la protección de la operación del sistema de videovigilancia, sino que la sociedad civil coadyuve para proteger el esquema público y privado.
No obstante, descartó que el material audiovisual del asesinato del juez federal haya sido filtrado desde el gobierno estatal o por el ayuntamiento de Metepec, ya que , aclaró,  no fue captado por parte de las 10 mil cámaras del gobierno que operan en el territorio.
“No fue grabado por una cámara del estado, fue grabado por una cámara de algún fraccionamiento de ahí de la zona y sé que no es un solo video, sé que hay varios y bueno estuvo en manos de muchas personas pero sin duda voy a checar lo de la reglamentación del video y si no les pediré que le entremos juntos”, explicó.
Tras la filtración de la privación de la vida de Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, juez federal adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Civiles, familiares y el Consejo de la Judicatura Federal condenaron el hecho, incluso se presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia (PGR) y ante la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), para que se dé con los responsables.
Lo anterior, porque para los integrantes del órgano de control y disciplina del Poder Judicial de la Federación, la divulgación de dichos elementos probatorios infringe la reserva de las indagatorias iniciadas por el homicidio de Bermúdez Zacarías y, en consecuencia, da lugar a la comisión de conductas ilícitas por parte de servidores públicos que tienen bajo su responsabilidad la custodia de las carpetas de investigación, las cuales por ley deben ser reservadas.