Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ
- El gobernador propone castigar severamente delitos como el robo a cuentahabientes y extorsión.
- También pide reformar la Ley de Extinción de Dominio para quitarle recursos a delincuencia.
El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, presentó un paquete de iniciativas, nueve para reformar el Código Penal y una más en materia civil, donde en el primer caso contempla aumentar la penalidad en delitos como extorsión, robo a cuentahabientes y casa habitación, pero además la extinción de dominio a bienes inmuebles utilizados por el crimen organizado, la aplicación de presunción de inocencia y sustitución de pena preventiva por la aplicación de brazaletes, estos últimos, atendiendo al nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Ante la presidente de la mesa directiva del Congreso Local, Brenda María Alvarado Sánchez y de la junta de Coordinación Política, Cruz Juvenal Roa Sánchez, el mandatario mexiquense indicó, que la serie de reformas fueron presentadas este 24 de abril, con la finalidad de reforzar las estrategias de seguridad y reducir la comisión de delitos en el estado.
Desde Palacio de Gobierno, precisó que cuatro de las 10 iniciativas presentadas van dirigidas en aumentar la penalidad y adherir agravantes en la comisión de delitos de extorsión, robo con violencia a casa habitación, robo a cuentahabientes, mismos que reconoció se han reducido, en los últimos tres años, hasta en un 50 por ciento, tras endurecer los castigos contra los delincuentes en la entidad.
“Sobre el delito de extorsión si bien ya incrementamos en ciertas modalidades, este delito, ahora estamos proponiendo castigar más severamente la amenaza, el engaño telefónico entre otros…se está proponiendo imponer una pena de 40 años de prisión hasta prisión vitalicia o hasta 70 años de prisión y 700 a 5 mil días de multa”, detalló.
El mandatario mexiquense aceptó que el motivo para endurecer las penas en dichos delitos, es porque hace 3 años se presentó una crisis, mismas que destacó se atacó al reformar el Código Penal obteniendo resultados concretos.
“Respecto al delito de extorsión, si lo comparamos con el primer cuatrimestre del 2013 al 2016 se ha logrado reducir en un 56 por ciento, esto es producto de las reformas que en su momento le dimos cuenta al Código Penal, en donde eliminamos privilegios a los que cometían este delito”, resaltó.
De igual manera con la próxima entrada en vigor del Código de Procedimientos penales, el mandatario mexiquense, Ávila Villegas, dió cuenta que el paquete de iniciativas contempla modificar la custodia de imputados detenidos y puestos a disposición ante autoridades de justicia, a quienes se le buscará, no se les de prisión preventiva al aplicarles la presunción de inocencia, además utilizar brazaletes de ubicación.
“Estas iniciativas responde a la necesidad de los mexiquenses… con esta iniciativa se ha valer la presunción de inocencia del detenido ya que no ingresará al penal como si estuviese en prisión preventiva, será destinado a una área de espera, en los Centros de Dirección de Prevención y Readaptación Social”, mencionó.
De igual manera, las iniciativas enviadas al Congreso Local contempla la ley de extinción de dominio para que el gobierno estatal tenga la facultad de apropiarse de bienes muebles e inmuebles ocupados por la delincuencia organizada, acción que buscará afectar la estructura económica de los delincuentes.
“El objetivo es, que en el gobierno del estado se adjudiquen bienes que sean instrumento objeto, productos de los delitos de la delincuencia organizada como narcotráfico, secuestro, robo de vehículos y trata de personas con pleno respeto a los derechos humanos”, explicó el mandatario mexiquense. Al presentar el paquete de iniciativas, el gobernador Eruviel Ávila Villegas agradeció al Congreso Local el recibir la iniciativa para desaparecer la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y dar paso a la creación de la Fiscalía con autonomía y presupuesto propio.
Pero de igual manera, la referente a la validación de los matrimonios del mismo sexo y la de modificaciones a la ley electoral previa a la sucesión gubernamental del 2017.
