Redacción
El gobierno de California alista una demanda contra la administración de Donald Trump por ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles sin la coordinación ni el aval de las autoridades estatales. La decisión federal surgió en medio de una serie de protestas contra las redadas migratorias realizadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que generaron tensiones en distintas ciudades del estado.
Desde el Ejecutivo estatal se cuestiona la legalidad de la medida, señalando que no se siguieron los procedimientos previstos para coordinar el uso de tropas en territorio nacional. La administración californiana considera que esta acción representa una invasión de competencias y una alteración del equilibrio entre los niveles de gobierno, además de agravar un ambiente ya tenso por las manifestaciones.
Más de 2,000 elementos de la Guardia Nacional comenzaron su despliegue el domingo, generando críticas desde Sacramento. El gobernador Gavin Newsom expresó su rechazo al considerar que la intervención militar en una situación que podía manejarse a nivel local resulta innecesaria y provoca más tensión social. En paralelo, se informó que un contingente adicional del cuerpo de marines se encuentra en preparación para un eventual refuerzo.
El gobierno estatal, a través de una comunicación formal dirigida al Departamento de Defensa, solicitó la cancelación inmediata de la orden de despliegue y el retorno del control operativo de las fuerzas movilizadas al Ejecutivo californiano. En la misiva, distribuida públicamente, se plantea que esta acción podría interpretarse como una provocación deliberada en un contexto de movilización ciudadana.
Desde diversas voces institucionales en el estado se percibe el despliegue como una medida excesiva ante protestas que no han rebasado la capacidad de respuesta de las fuerzas locales. La intención de judicializar el caso responde, según explicaron fuentes del gobierno estatal, a la necesidad de definir los límites de la autoridad federal en el manejo de situaciones civiles dentro de los estados.
