Redacción
Comenzaron a regir las nuevas restricciones migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump. La medida afecta a ciudadanos de varias naciones de África y Medio Oriente, así como a otros países señalados por las autoridades estadounidenses como riesgos potenciales para la seguridad.
Las disposiciones forman parte de una estrategia más amplia orientada a limitar el ingreso de extranjeros, bajo el argumento de controlar la inmigración no autorizada. Aunque la normativa no invalida visas ya otorgadas, los solicitantes que no cumplan con condiciones específicas se enfrentarán al rechazo de sus solicitudes.
Los países directamente involucrados en la nueva política incluyen Afganistán, Irán, Somalia, Libia, Yemen y Sudán, entre otros. También se impusieron restricciones adicionales a personas procedentes de Burundi, Venezuela y Cuba, en casos donde no cuenten con visas vigentes.
El gobierno estadounidense sustenta la decisión en informes internos que identifican deficiencias en los sistemas de verificación de identidad de algunos países y en los índices de personas que permanecen en territorio estadounidense luego de vencer sus visas. Estas estadísticas, presentadas por el Departamento de Seguridad Nacional, han servido como base para justificar la medida.
Desde distintos sectores, tanto dentro como fuera del país, surgieron críticas que califican la decisión como una forma de exclusión y estigmatización. Organizaciones humanitarias señalaron que las nuevas reglas afectan de manera desproporcionada a comunidades que buscan refugio o mejores condiciones de vida.
A pesar de estas objeciones, el gobierno de Trump mantiene la postura de que las restricciones responden a intereses de seguridad nacional. La inclusión de ciertos países se vincula, según las autoridades, con antecedentes de incumplimiento en los procesos migratorios, sin importar que algunos casos recientes mencionados públicamente no guarden relación directa con los países en la lista.
