* Rigoberta Menchú celebra anulación de pena de muerte en Guatemala.
Guatemala.- La activista guatemalteca Rigoberta Menchú, ganadora del Premio Nobel de la Paz 1992, manifestó su beneplácito porque la pena de muerte fue declarada inconstitucional en su país.
«La pena de muerte es inviable en el mundo», aseveró la activista guatemalteca de los derechos humanos, quien enfatizó en rueda de prensa que «nadie tiene el derecho de quitar la vida a nadie».
Menchú felicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC) por su resolución anunciada la víspera que deroga la pena capital.
«La ejecución no corresponde, pues como en la mayor parte del mundo, la legislación guatemalteca establece severas sanciones contra los delincuentes, como la pena máxima de prisión», insistió.
Las galardonadas Tawakkol Karman, de Yemen;Shirin Ebadi, de Irán, y Jody Williams, de Estados Unidos, que como miembros de la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel de la Paz (NWI, en inglés), realizan una visita a Guatemala, respaldaron la posición en contra de la pena de muerte.
Menchú afirmó que inclusive en delitos graves, como los de lesa humanidad, no se pidió la pena de muerte, y citó el caso del ex gobernante de facto, general Efraín Ríos Montt (1982-1983), enjuiciado por acusaciones de genocidio. La Premio Nobel de la Paz 1992 sostuvo que «la ley de la pena de muerte en Guatemala solamente ha servido para las campañas políticas» y no para disuadir el crimen.
El diputado y ex activista de los derechos de los migrantes guatemaltecos, Marcos Yax, un férreo defensor de la aplicación de la pena capital, dijo a Notimex que las autoridades del país han preferido evadir su responsabilidad en el tema.
Indicó que los sucesivos gobiernos desde 1985, cuando se inauguró el actual período democrático, han sido «cobardes» al no cumplir la pena de muerte en todos los casos en que los tribunales han fallado en ese sentido.
La CC, el máximo tribunal del país, emitió un sorpresivo fallo en el que declaró inconstitucional la aplicación de la pena capital en Guatemala.
De esta manera resolvió una demanda interpuesta por particulares que argumentaron que el sustento legal de la pena de muerte era violatorio de varias garantías esenciales contenidas en la Carta Magna.
La magistrada de la CC, Gloria Porras, explicó que luego del análisis correspondiente «se llegó a la conclusión de que los artículos -que autorizan la pena de muerte- son inconstitucionales».
La pena de muerte, que en más de una década no se ha cumplido pese a que hay varios condenados en la antesala de la inyección letal, está prevista para delitos como secuestro con asesinato, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y parricidio, entre otros.
El Congreso deberá ratificar la resolución de la CC para completar el trámite que derogará la pena de muerte en el país centroamericano y solo estaría vigente para crímenes del fuero militar.
