La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), secretaria de la Comisión Legislativa de Equidad de Género, cuestionó a autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) el trato que brindan los servidores públicos a víctimas de violencia de género. Afirmó que cuando los usuarios acuden a las fiscalías se sienten intimidados y optan por no denunciar las agresiones de que fueron objeto. En este sentido, dijo que los trabajadores son el primer eslabón de la Procuraduría mexiquense para determinar si funciona o no el sistema de justicia actual.
La legisladora albiazul preguntó a la Subprocuraduría de Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, qué acciones realizan para garantizar la reinserción de las víctimas a la sociedad y cuántas mujeres laboran en esa dependencia estatal.
Durante una reunión entre funcionarias de la PGJEM, donde también estuvo presente Marcela Mora Córdoba, comisionada de Atención a las Víctimas del Delito, con los integrantes de la Comisión Legislativa de Equidad de Género, la diputada, María Fernanda Rivera Sánchez, se pronunció por seguir etiquetando recursos para atender la violencia contra las mujeres y analizar otros aspectos presupuestales. Tras resaltar la necesidad de que la Procuraduría capacite a funcionarios municipales con respecto a la violencia de género, cuestionó si los albergues para víctimas de trata tienen el presupuesto suficiente para su funcionamiento.
Entre los acuerdos que se generaron al interior de la Comisión Legislativa, se encuentra impulsar un presupuesto para atender los asuntos relacionados con la violencia de género, afinar la Ley de Víctimas del Estado de México, crear un área de estudios de género en el Congreso local, y que la Procuraduría les proporcione un directorio para atender y canalizar los casos a las instancias especializadas por regiones y distritos.
