Prioridad de próxima Legislatura, afirma Barbosa.
Restituir SSP para coadyuvar a prevenir delitos, plantea.
Para el arranque de la LXIII Legislatura del Congreso, las prioridades son completar las reformas pendientes en materia de transparencia, combate a la corrupción y seguridad pública, afirmó Miguel Barbosa Huerta, presidente del Senado.
«La sociedad espera de sus legisladores la atención a sus demandas y exigencias, desde el Senado de la República realizaremos todos los esfuerzos para alcanzar los objetivos en estos y otros importantes ámbitos de la agenda pública», afirmó.
En un comunicado el también coordinador del PRD en el Senado de la República aseguró que la exigencia de transparencia en el ejercicio del poder público y el combate a la corrupción, constituyen una de las demandas más apremiantes de la sociedad.
Opinó que en materia de seguridad es necesario reinstituir la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, para fortalecer la estrategia de política criminal y coadyuvar en la prevención de delitos, buscar un sistema de justicia eficaz y profesionalizar a los policías.
Agregó que se buscará transformar el sistema penitenciario, promover la participación ciudadana, aumentar la cooperación internacional, elevar la coordinación entre niveles de gobierno y fortalecer las tareas de inteligencia.
El senador por Puebla comentó que a partir de la creación de la Ley General en materia de Acceso a la Información Pública, es obligación del Congreso expedir la ley que regule el nuevo órgano autónomo y reformar la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de Particulares.
«En este tema también están pendientes la ley para la organización y administración homogénea de archivos a nivel federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, y la Ley de Propaganda Gubernamental», informó.
Con relación al Sistema Nacional Anticorrupción dijo que se requieren expedir cinco nuevas leyes, entre ellas, la que regula la organización y facultades de la Auditoria Superior de la Federación; la ley para normar la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales.
Así como la ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; y la Ley General para establecer competencias y responsabilidades administrativas de los servidores públicos y las sanciones aplicables.
Barbosa Huerta indicó que también deberán hacerse reformas para avanzar en la regulación del nuevo órgano de control interno del Ejecutivo Federal; en materia de personalidad penal de personas físicas o morales y cabildeo.
Así como en materia de extinción de dominio; de operaciones de procedencia ilícita; contabilidad gubernamental; obras públicas; presupuesto y responsabilidad hacendaria.
