* El 26 de enero arrancan mesas de análisis sobre posturas a favor y en contra de la cannabis.
Será hasta el cuarto foro del debate nacional sobre el uso de mariguana cuando se aborden los aspectos de seguridad relacionados con el tema, informó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián. En entrevista, el funcionario comentó que por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto se llevarán a cabo cinco foros, el primero será de Salud Pública y Prevención, que se celebrará en el Centro Internacional de Convenciones de Cancún, Quintana Roo, el 26 enero.
Agregó que el segundo es de Ética y Derechos Humanos y tendrá verificativo en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 23 febrero; el tercero es el de Aspectos Económicos y de Regulación, en Saltillo, Coahuila, el 8 de marzo.
El cuarto se denomina: Seguridad Ciudadana y se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco, el 22 de marzo; y el último incluirá todos los temas y se realizará en la Ciudad de México el próximo 5 de abril. Dijo que en el cuarto foro se van a revisar los asuntos que tienen que ver con todas las consecuencias de la regulación y los esquemas prohibitivos, entre ellos el de México, caracterizado por la despenalización, y los aspectos de la legalización en términos de la violencia y del crimen.
Más adelante, Campa Cifrián comentó que el resultado de los foros tendrá básicamente dos canales distintos: uno tiene que ver con la política pública y el otro con la tarea legislativa.
Expuso que el Congreso de la Unión está trabajando también en un esquema de apertura, de consulta, y de lo que se trata es de convenir una serie de criterios que puedan servir para facilitar el trabajo legislativo.
Por lo que hace a la política pública, explicó, «lo que estamos buscando básicamente son temas y aspectos en los que encontremos consensos, y vamos a tener en las conclusiones estas posibilidades de acuerdos para el diseño y la definición de la política pública».
Dijo que México ha venido planteando en los foros internacionales que «hoy tenemos claramente modelos diferenciados, porque todavía una cantidad importante de países han optado por la prohibición, incluso en algunos casos con pena de muerte para quienes trafiquen con ciertas drogas».
Agregó que hay también un conjunto de estados de Estados Unidos y algunos países que han optado por la legalización, en algunos modelos a partir de un esquema abiertamente empresarial, como el de Colorado.
También los hay con responsabilidad del gobierno para disponer las drogas para los consumidores, como es el caso de Uruguay, y otros países, como México que optaron por despenalizar el consumo a partir de determinadas dosis. Explico que lo que México ha planteado en las instancias internacionales es que hay, a partir de estas diferencias, la posibilidad de analizar las consecuencias de la adopción de cada modelo, en términos de distintas variables.
Una es el consumo, el cual identifica si realmente un esquema de regulación o de legalización incrementa el consumo, y otra tiene que ver con las finanzas públicas, qué tanto aporta en términos de recursos al Estado y qué tanto le cuesta también en términos de salud pública.
Consideró que un tema fundamental tiene que ver con las cuestiones de seguridad, de violencia, de delito, de organizaciones criminales, y «lo que hemos planteado es que hay condiciones para hacer esta evaluación, y seguramente vamos a tener una discusión importante en la mesa cuatro».
Ello, para que «a partir de la evidencia y de la información que se pueda comprobar, conocer cuáles son las consecuencias en términos de violencia de la adopción de cada uno de los modelos», concluyó.
