Redacción
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para modificar las obligaciones de transparencia del Gobierno federal y establecer la publicación mensual de contratos, auditorías e información relacionada con empresas públicas.
La medida busca reducir la discrecionalidad de funcionarios para determinar qué documentos pueden reservarse y fijar criterios específicos sobre la información que debe permanecer pública o protegida por razones legales y de seguridad nacional.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que las dependencias deberán actualizar cada mes la información sobre contrataciones públicas, que actualmente se presenta de manera trimestral.
El decreto también incluye nuevas obligaciones para difundir datos de las filiales de Petróleos Mexicanos, entre ellos estados financieros, estructura de gobierno corporativo, políticas de operación, contratos e informes presentados ante autoridades extranjeras.
Los órganos fiscalizadores deberán publicar sus programas de trabajo, estadísticas, avance de las auditorías, seguimiento de observaciones y el padrón de despachos externos encargados de revisar entidades públicas.
El Gobierno federal también prepara una iniciativa para reducir las causas que permiten reservar información. Actualmente existen 17 clasificaciones y la propuesta buscará limitar su uso a procedimientos administrativos o judiciales en curso y asuntos de seguridad nacional.
La Plataforma Nacional de Transparencia incorporará nuevas herramientas de consulta y descarga durante los próximos 30 días hábiles, además de información más completa y actualizada sobre el ejercicio de recursos públicos.
Las disposiciones del decreto serán integradas posteriormente a una iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia, que será enviada al Congreso al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones.
