El INE de Lorenzo

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POR Norberto HERNÁNDEZ

El Instituto Nacional Electoral (INE) se ha olvidado de una pequeña variable: hacer política. Es un órgano rector de la organización de las elecciones, pero también es una instancia con el nivel profesional, administrativo y técnico para orientar las acciones de las personas y organizaciones que pretenden competir como candidatos independientes o como nuevos partidos políticos con registro nacional. Esto se traduce en una necesaria cercanía política con los actores interesados en participar en la consolidación democrática del país.

Con mucha lástima lo que menos hace el INE es política y únicamente se limita a la aplicación de un marco regulatorio inalterable. Durante meses, las organizaciones que buscaron ganar su registro como partido político han tenido que sujetarse a una sesión del Consejo General que, simplemente, niega ese derecho. De un día para otro se enteraron que no cumplieron o violentaron la receta de cocina que aplica un grupo de consejeros, con más protagonismo que los participantes. Aplican una decisión diseñada desde un escritorio sobre personajes de la vida social y militante con presencia en el país.

Puede que el consejero presidente del INE y compañía piense que ganaron al no permitir que distintas organizaciones políticas no puedan participar como partidos de reciente creación en la elección del 2021. Eso es un error grave. En primer lugar porque existe la opción de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por lo que está por verse si son vencidos en derecho. Pero más allá de esa alternativa, con registro o sin registro, esas organizaciones tienen fuerza y representación para definir una elección y, con ello, el rumbo de la política nacional. En esta última consideración el que sale perdiendo es el consejero presidente y sus seguidores.

Es cierto que el árbitro está obligado a aplicar la norma, pero también se tiene a la mano la opción del cabildeo, la objetividad, la cercanía y la sensibilidad política para anticipar decisiones que pudieron corregirse a tiempo y no  afectar el derecho a participar a nuevos partidos que, en mayor o menor medida, cuentan con seguidores o aliados en el territorio nacional. En nada contribuye al árbitro electoral actuar como última instancia, en principio porque no lo es jurídicamente; y, en segundo momento, porque la competencia misma limita o pone a prueba a las organizaciones que obtienen su registro como partido político de reciente creación. No pueden hacer coaliciones, es decir tienen que competir solos en la elección inmediata  a su creación. Y, están obligados a obtener al menos el 3 por ciento de la votación nacional. Eso ya es un reto superior para esos partidos. Entonces no existe una razón de peso para negar un registro por supuestas faltas condicionantes diseñadas en una oficina, pero inoperantes en la práctica.

En el fondo, facilitar el acceso de nuevos partidos políticos es en bien de la democracia del país. Y son los electores los que deben determinar si dan o quitan su apoyo al partido que va a una elección. La simple interpretación de unos consejeros para determinar quien pasa y quien no, es una muestra de soberbia institucionalizada, un exceso de atribuciones que desvirtúa el papel del árbitro electoral. Lo hace juez y parte.  Técnicamente, sacó tarjeta roja a jugadores que todavía no entraban a la cancha.

Digamos que quedan fuera las organizaciones que, a decir de ellos, no cumplieron o infringieron la norma aplicable. Eso no es impedimento para que esas mismas organizaciones coloquen a sus líderes o figuras públicas en cargos de elección popular del orden federal o local. Si eso sucede, el consejero presidente y aliados tendrán adversarios que buscarán removerlos de sus cargos del máximo órgano electoral. Y, si hacen mayoría, nada impedirá que una de los pendientes legislativos sea nombrar a nuevos consejeros con conocimientos electorales, pero también con mayor sensibilidad política.

Todo parece indicar que varios integrantes del INE no han entendido los nuevos tiempos de la política nacional. Que el régimen es otro, que vivimos una nueva normalidad política, que el escenario de centralismo donde fue creado ya no existe. Su responsabilidad es una meta superior de la democracia mexicana. No es una chamba bien pagada a la que no quieren renunciar. Es una tarea de alta responsabilidad política y para cumplir con esa condición no es suficiente saber y conocer la ley electoral.

Si alguna de las organizaciones políticas vence al INE ante el Tribunal Electoral será motivo suficiente para demostrar la parcialidad y falta de visión política de parte de sus integrantes. Es evidente que bajo la dirección de Lorenzo Córdova el INE no es un árbitro confiable. No defiende la autonomía del órgano rector, se aferra a imponer su voluntad grupal. Es tiempo de deje el cargo.