REDACCIÓN
El Representante Social de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó la participación de María de los Ángeles Vela Almazán, en el delito de trata de personas, en la modalidad de mendicidad ajena, ilícito por el que la Autoridad Judicial con sede en Tlalnepantla le dictó una sentencia condenatoria de 8 años y 8 meses de prisión.
La sentenciada obligaba a una de sus hijas de 9 años de edad a pedir limosna en calles del municipio de Atizapán de Zaragoza, de enero de 2017 al mes de abril del mismo año.
Las investigaciones realizadas por personal de esta Institución, permitieron establecer que en el mes de enero del año 2017, la menor llegó de Tamaulipas a radicar con su madre al municipio mexiquense de Atizapán de Zaragoza, pero esta mujer, la golpeaba y obligaba a pedir dinero en calles de este municipio, por ello meses después la víctima escapó.
Una vez que esta Institución tuvo conocimiento de los hechos, el Agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente, y Policías Investigadores se encargaron de realizar diversas indagatorias para detener a esta mujer.
Cabe mencionar que la ahora sentenciada fue detenida en el mes de octubre del año 2017, por estar relacionada con el delito de trata de personas en agravio de otra de sus hijas de 13 años de edad. Esta mujer obligaba a la adolescente a sostener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero, por ello fue ingresada al Penal de Tlalnepantla, en donde quedó vinculada a proceso y en octubre del año pasado fue condenada a 33 años y nueve meses de prisión.
No obstante, el Representante Social inició una investigación en su contra por el delito de trata de personas en la modalidad de mendicidad ajena en agravio de su hija de 9 años de edad, por lo que recabó y presentó ante un Juez los elementos de prueba necesarios, por ello fue condenada por este ilícito, a 8 años y 8 meses de prisión.
Además de la pena privativa de libertad, esta mujer deberá pagar una multa de 1 millón 860 mil 930 pesos y 75 mil 400 pesos como reparación del daño, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.
