POR Ariel Pérez Garduño
La crisis socioambiental que vive la sociedad actual, la que ya casi nadie se atreve a desmentir, tiende a verse unida con una crisis de representación en el sistema democrático-liberal. A escasos meses de las elecciones más grandes de la historia de nuestro país, deberá estar contemplado no solo en las propuestas de la agenda política sino en la verdadera acción del emprendimiento del camino para encaminarnos como «sociedad sostenible.
En principio, uno de los caminos indicados es el de transformar la democracia formal, en una democracia que sirva como vehículo para la sostenibilidad, donde el interés común generalizado (interés que se basa en la continuidad integral de los ecosistemas de los que depende la vida humana) podrá permitir al sistema político democrático-deliberativo generar decisiones para favorecer tal interés. De esta manera culminaría la distinción entre la democracia como proceso y la sostenibilidad como producto. En ese sentido, los procesos de integración y participación social son claves para la integración de los diferentes actores de la sociedad civil, tanto los institucionales, como aquellos que irrumpen producto de los diversos conflictos socioambientales.
Una sociedad con aspiraciones de sostenibilidad -de equidad ambiental- incluyendo desde ya la equidad intergeneracional, tiene que constituirse necesariamente por un tipo de participación inclusiva, sinérgica y proactiva, en la cual los grupos sociales, las comunidades afectadas, los representantes políticos y la ciudadanía en general, puedan poner en común un conjunto de ideas, así como deliberar e indagar en conjunto caminos para generación de consensos en la identificación y resolución de los problemas ambientales colectivos.
Un proceso en el que las personas son protagonistas de la resolución de problemas, aportando su propia creatividad, puntos de vista, conocimientos y recursos, y compartiendo una responsabilidad en la toma de decisiones que parece imprescindible dada la magnitud de los retos que enfrentan las sociedades contemporáneas frente a la dimensión los problemas socioambientales.
En ese camino, la participación es un parámetro básico de la sostenibilidad y un requisito indispensable para la consecución de un modelo equilibrado de desarrollo, dado que aporta instrumentos que sería imposible obtener de otra manera. A nadie que piense estos problemas de forma razonable, se le ocurriría hoy que los problemas y conflictos ambientales pueden ser resueltos sin la participación de la sociedad civil, que solo el estado o los actores empresariales pueden dar las soluciones o hallar los caminos adecuados ante la crisis ambiental. Si así se piensa, el resultado está a la vista: el incremento sostenido de los conflictos. Los procesos participativos son estrategia adecuada para la resolución de conflictos (socioambientales y de otro tipo), otorgan mayor legitimidad a las decisiones públicas, al crear un sentido de corresponsabilidad entre la ciudadanía y los agentes económicos y sociales, y generan concordancias de diálogo y acuerdo entre estos actores y los diversos poderes.
Aquí entra en juego también la noción de que la participación política no puede percibirse como un problema impuesto y que a la vez complica la gestión, sino como una condición necesaria, aunque desde ya no suficiente, para el camino hacia la sostenibilidad. La democracia y la sociedad sostenible son un camino. El vínculo de unión entre la sostenibilidad y la democracia se advierte en la comprobación de que los problemas ambientales son desde ya básicamente políticos y por lo tanto, más allá de cuestiones técnicas o teóricas diversas, tienen causas y soluciones políticas.
Una democracia donde lo ambiental este considerado de manera plena en lo social, donde los problemas generados por los modelos de inequidad capitalista y sus consecuencias ambientales son tratados desde una perspectiva inclusiva, horizontal y participativa, es un modelo referencial para revertir la crisis social y ambiental.
Transitar la solución de los conflictos ambientales puede significar un interés ante ejercicio de pluralismo y, por tanto, una oportunidad para abordar otras vías de profundización en la democracia, para generar e incorporar mecanismos participativos y fomentar la inclusión, para crear redes democráticas, para construir una democracia más real en términos de participación ciudadana. Además, o se generan estos mecanismos de ampliación democrática o los conflictos (en especial los ambientales por los intereses que se juegan en ellos) también pueden generar un escenario opuesto; esto es, dejar a un lado la profundización en la democracia por medio de mecanismos de participación y ahondar en el carácter represivo del Estado y de los poderes de copto.
Una política «ecológica» significaría entonces, más democracia, mayor participación, creciente equidad y la posibilidad de construir una sociedad que se encamine a la solución de los problemas ambientales, tal vez la cuestión más grave que afronta el género humano en esta época. Una democracia ambiental, es entonces un camino difícil pero no imposible de integración y transformación social.
