Presunto inocente

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Abuso de autoridad… El ciudadano Alberto Romero Rubio presentó este miércoles una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) para pedir se investigue y sancione a personal de la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM) que de manera indebida lo detuvo y acusó -con falsos señalamientos- de haber cometido el delito de robo en Toluca. El afectado dice que fue víctima de confusión y abuso de autoridad. (Foto: Juan Hernández)

Guillermo GUADARRAMA

*Alberto Romero interpone queja ante CODHEM

contra policías ministeriales por falsa acusación.

Abel Alberto Romero Rubio, acusado por la policía ministerial en dos ocasiones por robo y posesión de dorgas, acudió este miércoles a las instalaciones de la Comision de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), para solicitar la intervención en su caso y exigir seguridad para él y su familia.
Asegura que las acusaciones en su contra son injustas, ya que afirma haber estado trabajando cuando fue detenido por las autoridades.
Explicó que el pasado enero, supuestamente se había realizado un robo entre las 8:15 y 8:30 horas, precisamente cuando él se encontraba laborando, sin embargo se le inculpó por el delito, sin que él estuviera informado del caso. Fue detenido en la calle Miguel Hidalgo de la colonia San Buenaventura; sin embargo, los policías declararon que lo habían detenido en la colonia Moderna de la Cruz, entre Avenida Solidaridad Las Torres y Jesús Carranza.
“Siento que estoy siendo perseguido por los policías ministeriales que me han inculpado por dos robos y uno que cargaba supuestamente droga, asisto a la Comisión porque ya no me siento libre de salir”, argumentó. De igual forma recalcó que hasta el momento no se le ha mostrado una orden de aprehensión y que al principio se le había detenido por haber golpeado su esposa, ya en el vehículo lo interrogaron para saber si conocía a una persona que le describieron, a lo que él respondió que no, sin bajarlo del vehículo le quitaron el celular y lo revisaron.
Añadió que en la Fiscalía Especializada en Robo de Automóviles (OCRA), permaneció alrededor de 10 minutos y después fue trasladado a la Fiscalía General de Justicia, donde le añadieron cosas de las que él no estaba enterado.
El siguiente suceso fue el 27 de marzo, lo detuvieron fuera de su casa después de su hora de comida, cuando iba avanzando en su motoneta camino hacia el trabajo, cinco policías en dos carros lo interceptaron y le pidieron se subiera a uno de los vehículos, su familia se percató del suceso y salieron a auxiliarlo, después los mismos policías ministeriales querían llevarse la moto, pero su familia no se los permitió.
Camino a la procuraduría, los policías le preguntaron a qué se dedicaba; sin embargo, él reconoció a uno de los cinco, quien había participado en su primera detención, quien le había pedido en un principio que se subiera al auto, llegando a la Fiscalía.
En el estacionamiento le dijeron que su detención era por posesión de drogas, ya que declararon que habían revisado la motoneta en la que viajaba y ahí habían encontrado los enervantes, hecho que no era posible ya que su familia no les permitió llevarse la moto. La tercera y última detención fue el pasado 18 de agosto, lo interceptaron a la entrada de su trabajo, ya lo estaban esperando, lo volvieron a subir al vehículo sin presentar una orden de aprensión y lo culpaban del robo de un vehículo efectuado el 1 de febrero, a las 5:30 de la tarde. Mencionó que asistió a la Comisión de Derechos Humanos, ya que van tres veces que lo detienen injustificadamente y ya no se siente libre de salir. Abel labora en la empresa Impresora San Buenaventura, asistió acompañado por su jefe Ricardo Sánchez y su madre Martha Gabriela Rubio, quienes confían plenamente en él y dijeron le brindarán todo el apoyo necesario. Recalcó que en la primera carpeta de su detención, aparece el nombre de cuatro agentes que lo detuvieron dos hombres y dos mujeres, mismos que laboran con tarjeta vencida pues en la misma aparecen con fecha de vencimiento del 31 de diciembre del 2016.
De entre las irregularidades, destacó que lo obligaron a participar en la cámara de confrontación, en donde le asignaron un abogado, ya que supuestamente había un testigo ocular que iba a ir a declarar por una persona de nombre Raúl, testigo que firmó por él sin saber que él no era Raúl. Cree que los policías se molestaron porque en su primera detención salió absuelto y a ellos les cobraron una multa de mil y un salario mínimo, de igual forma le tienen que entregar un reporte mensual al juez.