Lilia González
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar presentó a la LXI Legislatura una iniciativa con Proyecto de Decreto para expedir la Ley de Arancel para el Pago de Honorarios de Profesionistas en Derecho y Costas Procesales.
Con lo anterior, se busca abrogar la Ley de Arancel para el Pago de Honorarios de Abogados y Costas Procesales del Estado de México publicado en Gaceta de Gobierno el 3 de enero de 1962, a fin de actualizarla y hacer que su aplicación cumpla con las exigencias de la realidad económica y jurídica actual en cuanto al pago de honorarios y costas procesales de una manera más justa y equitativa.
Conforme a la exposición de motivos de la iniciativa, se indica que el establecimiento de un arancel o monto para el pago de honoraros para los profesionistas en derecho que presten sus servicios en aquellos asuntos o negocios que impliquen una posible controversia judicial constituye una necesidad apremiante, tomando a su consideración que en la mayoría de los casos y sus clientes, no celebran un contrato de prestación de servicios por escrito, o bien, de celebrarlo, no se prevé el monto de dichos honorarios, así como la manera o forma en la que deberá efectuarse su pago, razón por la cual resulta imprescindible su regulación a falta de un acuerdo.
Lo anterior se dio a conocer durante la sesión de la Diputación Permanente, en donde al dar lectura a la iniciativa, se enfatizó que la ley de 1962 es obsoleta y deficiente al hacer referencia a montos de honorarios equivocados, fuera del contexto social y económico actual, además de resultar demasiado compleja en su aplicación.
“El establecimiento de fórmulas para su cálculo es de difícil comprensión, aunado a que no fueron precisados los supuestos bajo los cuales pueden generarse o causarse dichos honorarios, incluyendo los relativos al juicio de amparo, haciendo necesaria una nueva ley que supla dichas deficiencias y se ajuste a la realidad jurídica presente”, indica el documento.
Para su análisis, la Diputación Permanente avaló remitir a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia la propuesta para analizar su viabilidad.
