Tortura, salida de delincuentes

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Huecos en la ley… El Poder Judicial del Estado de México (PJEM) y la Comisión de Derechos Humanos de la entidad (CODHEM) coincidieron en recomendar a legisladores locales y federales impulsar reformas que impidan la salida fácil de delincuentes, quienes para evitar la acción de la justicia alegan presuntos actos de tortura en su contra. Los necesarios cambios legales también deben servir para erradicar esta práctica de servidores públicos que podrían ocasionar que un inocente fuera imputado. (Foto: Juan Hernández)

* Procesados se dicen víctimas de maltrato; PJEM no avala
 acusaciones sin fundamento.

* CODHEM señala que con alegatos  de tortura imputados buscan
evadir acción de la justicia.

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

El Poder Judicial del Estado de México (PJEM) rechazó categóricamente que  avale pruebas mediante supuestas prácticas de tortura, pero admitió que este es un alegato recurrente de  infractores de cualquier delito, que hace necesario  reforzar el trabajo en la materia con organismos internacionales. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos estatal (CODHEM) ratificó que ha atendido quejas y ha emprendido investigaciones contras las corporaciones de seguridad y justicia mexiquense por presuntamente transgredir la integridad de personas acusadas de alguna incidencia delictiva.  Lo anterior a una semana de que la organización México Evalúa y el CIDE, a través del estudio “¿Cómo se juzga en el Estado de México?”, revelaron que no sólo los jueces mexiquenses toleraron el abuso  contra presuntos delincuentes, sino que no se investigó en 200 de mil 145 casos del 2010 al 2014, al no darse parte al Ministerio Público y defensores de derechos en el marco de la entrada del Nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Al respecto, el integrante y magistrado del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial estatal, Palemón Jaime Salazar Hernández, justificó que en la mayoría de los casos los acusados aluden a que fueron torturados en la entidad y dicho delito evoluciona recurrentemente a partir de nuevos criterios  que aplican organismos internacionales para su valoración, pero defendió que en los últimos años el PJEM ha aplicado los protocolos e incluso han suspendido casos al comprobarse dicho delito, sin importar en que etapa se encuentra la investigación.
“El número exacto no lo tengo (casos anulados por tortura) pero los jueces tienen esa obligación… en todos los ilícitos (se aluden tortura) sobre todo aquellos donde la persona fue detenida en el momento de atender el delito”, aseguró.     “En el momento procesal que sea, si en algún momento no está en el proceso no estaba totalmente comprando que sea un acto de tortura, apero antes de dictar la sentencia se da cuenta que lo es el juez lo desestima, es una obligación”.
Jaime Salazar desconoció el estudio que acusan a jueces mexiquenses de aprobar y tolerar tortura en la resolución de casos,  pero presumió que entre las acciones que el PJEM ha implantado para su erradicación se encuentra la creación de un organismo vigilante de dicho delito y en fechas futuras la creación del Diplomado con apoyo de la ONU.  Acciones que -indicó- se suman para que el Poder Judicial al tener conocimiento de algún abuso por parte de elementos policiacos para obtener pruebas en contra de detenidos se dé parte a las instancias correspondientes y se lleve acabo una investigación debida, pero también se subsanen las inconsistencias en la materia.  No obstante, el reporte de “¿Cómo se juzga en el Estado de México?” reveló que entre el 2010 y 2014, 206  -de mil 145 casos- el Poder Judicial mexiquense no dio parte al Ministerio Público y menos ordenó investigar casos de tortura, a pesar de que el médico legista certificó golpes con objetos eléctricos contra el detenido, y -acusó- en contra de los protocolos se aprobó el actuar de los elementos de seguridad y justicia.
En dicho contexto, el ombudsman de la entidad,Baruch Delgado Carbajal, recordó que apenas el año pasado la instancia a su cargo investigó dos casos, pero a partir de que los presuntos delincuentes acudieron de manera partícular a presentar la queja.
Reconoció que el tema de violación de los derechos humanos de ciudadanos acusados por un delito es delicado, pero indicó que  es un alegato que de manera recurrente es expuesto para que los presuntos delincuentes evadan la justicia.  “Ya hemos emitido recomendaciones el año pasado por este tema, y cuando se comprueba que se ha cometido este y otro delito,  pues recomendamos la integración de  las carpeta de investigación para que se sancionen este tipo de conductas, cuando menos fueron dos recomendaciones por tortura”, comentó.
Delgado Carbajal recordó que es obligación de los jueces del Poder Judicial en su oportunidad dar parte al Ministerio Público y a derechos humanos cuando es de su conocimiento que el detenido fue víctima de tortura. Además de aplicar protocolos internacionales y los propios estatales.  “Hay que investigar todos los casos, y a veces hay datos de prueba que nos orientan para hacer un pronunciamiento al respecto… también cuando ingresan a los centros preventivos es una obligación certificar las condiciones físicas y psicológicas en que se presenta una persona… y el cúmulo de esas evidencias nos va orientando para emitir un pronunciamiento”, aseveró.
Cabe recordar que durante el periodo  2010 y 2014 en que supuestamente se toleró la tortura, el titular del Poder Judicial fue Baruch Delgado Carbajal, quien encabezó la entrada del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la cual entró en vigor el segundo semestre de este año.