Cambios en los contratos sobre los reclusorios

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FOTO: Especial

 

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, dio el informe sobre los acuerdos y cambios a los que se llegó respecto a los costos excesivos de los ocho reclusorios privados e informó una reducción del 15 por ciento en la deuda adquirida durante el gobierno de Felipe Calderón.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó los acuerdos a los que se llegó después de la renegociación con los empresarios respecto a los pagos a realizar por 20 años para el mantenimiento de los reclusorios, por lo que cedió la palabra a la secretaria Rosa Icela Rodríguez para profundizar en el tema.

La secretaria mencionó las empresas que se benefician con los contratos sobre los reclusorios: Exi Quantium SA de CV, GIA, SA de CV, Capital Inbursa, Black Rock, DIP Concesionaria duranguense de infraestructura penitenciaria.

Icela Rodríguez puntualizó que los pagos mensuales deben cubrirse por completo sin importarla ocupación real, “Señalan estos contratos que los pagos realizados durante la vigencia de cada contrato se llevarán a cabo de manera mensual en su totalidad con independencia del número de personas privadas de la libertad, es decir, si un penal tiene 100 personas se paga lo mismo que si tuviera 2 mil”

Incluso dijo que, de tener una ocupación total, los gastos podrían compararse a pagar un hospedaje en un hotel cinco estrellas por cada persona privada de su libertad, pues los costos son muy elevados.

Por lo que las renegociaciones buscaron una reducción en los pagos, por lo que el Presidente destacó ese acuerdo, “Se habló con los empresarios y han aceptado una disminución del 15 por ciento. Esto representa que nos vamos a ahorrar 2 mil 300, 2mil 500 millones de pesos por año, de los cuatro años que quedan vamos a ahorrar 10 mil millones de pesos.”

Mismos que serán destinados a la construcción de cuarteles para la Guardia Nacional

Aunado a eso, al finalizar el periodo estipulado de 20 años; de los que se han pagado nueve años lo que ha costado al Erario 85 mil millones de pesos; “las instalaciones serán incorporadas a los bienes de la nación al concluir los contratos”.