Garantizados Derechos universitarios

0
41

En el caso de los vouchers apócrifos mediante los cuales se pretendía “comprobar” el pago de inscripciones y reinscripciones, la Universidad Autónoma del Estado de México no sigue ningún proceso legal contra estudiantes de la institución y en todo momento garantiza los derechos universitarios de los alumnos defraudados.
Por el contrario, desde enero de 2015, cuando fueron detectados estos documentos falsos, a través de redes sociales y otros medios, la institución se dio a la tarea, con la ayuda de los propios alumnos, de alertar enfáticamente a la comunidad estudiantil para que no cayera en el engaño; además, se presentó una Denuncia de Hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, que ya persigue a los presuntos responsables de estos ilícitos.
A partir de ese momento, la institución reforzó sus medidas de control y seguridad en los procesos de inscripción e inició la instrumentación de un sistema electrónico de pagos para la validación en tiempo real, de las cuotas que pagan los estudiantes y para cualquier pago o depósito que se realiza, mismo que entrará en vigor en el semestre que está por iniciar.
Asimismo, se inició la conformación de una carpeta de investigación que partió de la validación de 240 mil recibos de inscripción y que comprende también entrevistas con estudiantes que fueron víctimas de este fraude, con el único objetivo de ubicar a los responsables de este delito y esclarecer los hechos.
En todo momento, la labor de la Oficina del Abogado General de la institución tiene como único objetivo recabar información que permita aportar elementos a la carpeta de investigación, así como deslindar las responsabilidades de los integrantes de la comunidad universitaria.
De esta manera, la Universidad Autónoma del Estado de México aclara y desmiente categóricamente haber iniciado proceso alguno, de carácter administrativo o penal, en contra de alguno de nuestros estudiantes; también precisa que el monto de lo defraudado asciende a cerca de 1.7 millones de pesos y no 16 millones de pesos, como se asegura a través de algunas versiones no oficiales que circulan en redes sociales.
La Máxima Casa de Estudios mexiquense refrenda su compromiso con la legalidad, al tiempo que aportará los elementos necesarios que permitan a las autoridades ministeriales dar con los responsables de este fraude y que, en su oportunidad, sean juzgados conforme a derecho.