REDACCIÓN
Por condicionar el otorgamiento de la licencia de construcción a la realización de infraestructura y obras que no están previstas en ley, la reconocida empresa desarrolladora O’Donnell denunciará al Presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli, Ricardo Núñez Ayala, como responsable de que el gobierno que encabeza está frenando una inversión privada que asciende a los 60 millones de dólares.
Así lo informaron abogados de un importante despacho; quienes se presentaron en las oficinas de Predidencia, Secretaría del Ayuntsmiento, Gobierno, Desarrollo Metropolitano, Medio Ambiente, entre otras áreas del gobiierno municipal para notificar el procedimiento jurídico que el Grupo O’Donnell dará inicio como parte de una serie de acciones legales a lugar por el perjuicio financiero que han tenido, derivado de la anómala actitud de la administración pública local, que con ello obstruyen la inversión, el crecimiento económico, la generación de empleo y el bienestar social.
Los abogados informaron que el proyecto detenido trata de una Inversión de 60 millones de dólares para el desarrollo de un parque industrial de 93 mil metros cuadrados en la comunidad de Axotlán, en el que se tiene planeado generar aproximadamente 1,000 empleos directos y mil 500 fuentes de trabajo indirectas, principalmente para los habitantes de Cuautitlán Izcalli.
“El Municipio está condicionando el otorgamiento de la licencia de construcción a la realización de infraestructura y obras que no están previstas en ley.
El grupo de inversionistas cuenta con todos los permisos, licencias y autorizaciones y ha cumplido a cabalidad con todos los requisitos. Se cuentan con todas las autorizaciones estatales que culminan con el Dictamen Único de Factibilidad (DUF)”; precisaron.
No obstante a que afirman que se tiene toda la documentación en regla, la empresa señala que presentan retrasos injustificables por parte del Municipio en la respuesta de las peticiones; además de solicitar requisitos que no están previstos en la ley y pagos (aportaciones extraordinarias) que tampoco están contemplados en ninguna ordenanza.
Los representantes legales de la empresa denunciante advirtieron que el mal proceder del alcalde Ricardo Núñez y los funcionarios a su cargo impiden la derrama económica, la generación de empleos y cuestiona futuras inversiones extranjeras en Cuautitlán Izcalli y el Estado de México.
A pregunta expresa, agregaron que este tema tiene implicaciones en toda la cadena de valor, porque esa obstrucción les impide la comercialización de producto, toda vez que la compañía ha perdido clientes valiosos al percatarse que no hay licencia de construcción y deciden enviar su enviar su inversión y establecimiento a otro Estado.
“Es inaceptable que en medio de la pandemia, cuando lo que se necesita es empleo e inversión por parte de la iniciativa privada; el gobierno de Cuautitlán Izcalli frene el crecimiento significativo en sectores de logística que es una industria que en medio de la crisis sanitaria está haciendo su mejor esfuerzo para continuar vigente”; enfatizaron.
Finalmente abogados del despacho jurídico reiteraron que este proyecto no sólo genera empleos sino que también una serie de beneficios sociales, al ser el desarrollador una empresa socialmente responsable. Y advirtieron que la obstrucción de la inversión está tipificada en el Código Penal del Estado de México aquel servidor publico que retrase tramites, pida requisitos no previstos en Ley y aportaciones extraordinarias; por lo que tanto el Presidente Municipal Ricardo Núñez Ayala y todos los responsables de las áreas gubernamentales involucradas pueden ser sujetos de las sanciones correspondientes.
