El Gobierno del Estado de México es el primero en lucrar política y electoralmente con la lamentable violencia de género que prevalece en la entidad bajo su tutela, advirtió Ana Yurixi Leyva, secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la entidad.
La dirigente partidista indicó que no se pueden perder de vista las aspiraciones políticas del actual titular del Ejecutivo mexiquense, que son las mismas que lo obligaron a informar sobre los avances de la Alerta por Violencia de Género –AVG- en el marco de los festejos del Día de la Madre –estrategia eminentemente política-, por lo que adolece de calidad moral para señalar a sus adversarios.
Las declaraciones de la administración estatal para justificar los errores de su administración en materia de género, destacó la funcionaria perredista, además revelan la falta de sensibilidad que presume.
Quienes fundamentalmente señalan en estos casos, dijo, son los deudos que se enfrentan a la ausencia de protocolos de investigación con perspectiva de género, a prejuicios y omisiones de los servidores públicos de la Procuraduría, a la negativa de reconocer que se comenten feminicidios y la tendencia a disfrazarlos como homicidios simples para evadir los costos políticos, y a la impunidad.
Leyva Piñón calificó como “demagogia” los nuevos anuncios, planteados de forma tardía –a más de 9 meses de la declaratoria de AVG-, sobre medidas y políticas públicas en busca de contener y erradicar la violencia contra las mujeres en la entidad.
“¡Son falsas promesas!, populares pero difíciles de cumplir. En los hechos, en la práctica, se hace todo lo contrario: inician carpetas de investigación como homicidio doloso, no se atienden órdenes de protección fundamentales para salvar la vida de una mujer; hasta ahora no existen zonas de riesgo, mapas delictivos, grupos de rescate, policía de género, etc”.
La secretaria general del sol azteca indicó que “mientras no exista el derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial”, no se puede hablar de voluntad política, gubernamental e institucional para frenar, erradicar y castigar la violencia de género.
“Se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a las personas responsables”, dijo.
Las autoridades, expuso, también están obligadas a implementar medidas de satisfacción que garanticen la reparación y resarcimiento de los daños físicos y psicológicos provocados a las víctimas de violencia.
De la misma manera, el Gobierno debe posibilitar la rehabilitación; es decir, la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas.
También debe ofrecer a la sociedad la oportunidad de verificación de los hechos y la máxima publicidad de la verdad sobre las medidas implementadas y resultados arrojados.
No obstante, añadió, en el Estado de México es difícil confiar en que a partir del anuncio de ayer el complicado escenario para las mujeres cambiará, pues ha quedado demostrado que “¡falta voluntad política!”.
