Implementan acciones para garantizar seguridad

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El gobierno de Cuautitlán Izcalli está endureciendo sanciones para quienes simulen pertenecer a cuerpos de seguridad; la Fiscalía Regional presentó a los integrantes del Consejo Municipal de Seguridad la modificación al Artículo 177 Bis, en el que se contemplan las sanciones por este delito.
  •  Suma de tres niveles de gobierno permite que el combate a la delincuencia rinda frutos.

 

    Cuautitlán, Izcalli, Méx.-En el marco de la Décima Cuarta Sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública, el alcalde Erik Martínez Domínguez reiteró el compromiso del Gobierno local de continuar implementando acciones que garanticen la tranquilidad de los izcallenses.

Destacó que la suma de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno permite que la prevención y el combate a la delincuencia rinda frutos en el territorio municipal y que se vea reflejado en la disminución de los índices delictivos en la localidad.

En esta sesión, Armando Sánchez Gutiérrez, representante de la Fiscalía Regional, presentó la modificación al artículo 177 Bis del Código Penal del Estado de México, en el que se sanciona a los automotores que simulen pertenecer a las instituciones de seguridad pública o de emergencia; es decir, vehículos como patrullas o ambulancias «pirata».

Puntualizó que mediante este artículo, quien utilice un vehículo automotor no oficial con balizaje, colores o equipamiento originales, falsificados o con apariencia que se asemeje a los de uso exclusivo para vehículos de instituciones de seguridad pública o de emergencia, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión.

Además de una multa de 200 a 400 días de salario mínimo general vigente en la zona geográfica que corresponda; penas que se incrementarán hasta una mitad de la que corresponda si el vehículo se utilizó para cometer algún delito.

El funcionario estatal señaló que las sanciones también se aplicarán a los servidores públicos que se vean involucrados en este delito, por lo que se les impondrán de cuatro a ocho años de prisión y una multa de 300 a 600 días de salario mínimo, además de la inhabilitación para desempeñar algún empleo en el servicio público por un plazo igual a la pena privativa de la libertad impuesta.

Armando Sánchez recalcó que la creación de este tipo penal se debió a un fenómeno creciente en la entidad y todo el país, donde la delincuencia se ha válido de vehículos «piratas», especialmente de las instituciones de seguridad pública o servicio público de emergencia para cometer diversos ilícitos.