Ayotzinapa y el derecho a la verdad

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POR Edgar ROMERO

Durante la noche del veintiséis y la madrugada del veintisiete de septiembre de dos mil catorce, en la ciudad de Iguala Guerrero tuvo verificativo el caso de desaparición forzada mas conocido y difundido de los últimos años en nuestro país, nos referimos al caso de los  43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero.

 

Según las declaraciones ministeriales de los propios normalistas sobrevivientes, inicialmente llegarían a Chilpancingo Guerrero con la finalidad de recabar fondos (botear) y secuestrar algunos autobuses para asistir a la Ciudad de México y participar en la conmemoración del 2 de octubre, sin embargo, en un momento determinado desviaron su ruta hacia Iguala y fue precisamente la calle Juan N Álvarez la escena de este crimen de Estado.

 

El pasado sábado se cumplieron 6 años de este este hecho tan deleznable, el presidente Andrés Manuel López Obrador durante un evento en Palacio Nacional, ofreció una disculpa publica en nombre del Estado Mexicano por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapan, hecho que califico como “una gran injusticia cometida por el Estado Mexicano”, (vale la pena recordar que en ese momento Enrique Peña Nieto era el Presidente de la Republica, el Procurador General de la Republica Jesús Murillo Karam, Gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, Tomás Zerón de Lucio era el Director de la Agencia de Investigación Criminal, Humberto Castillejos Cervantes Consejero Jurídico de la Presidencia de la Republica) es decir que Andrés Manuel tuvo que pedir una disculpa por algo que él no hizo y de lo cual no tienen ninguna responsabilidad por hechos anteriores a su mandato, sin embargo su responsabilidad comenzó desde su primer día como Presidente de la Republica, porque tiene la obligación de proteger y respetar el derecho fundamental a la verdad, en primera instancia de las víctimas indirectas y de los deudos de los normalistas exterminados, aniquilados, asesinados y desaparecidos, y en segunda instancia el pueblo de México necesita y merece conocer la verdad y que los hechos se esclarezcan.

 

Sobre el derecho a la verdad, la Suprema Corte de Justicia a través de diversas ejecutorias ha establecido que si bien es cierto resulta casi imposible conocer la verdad absoluta de un hecho pretérito, no menos cierto es que en un estado democrático de derecho lo que se busca siempre es el esclarecimiento de los hechos, es decir, encontrar una respuesta lógica y racional de lo que sucedió en el pasado sustentado en pruebas, este derecho se encuentra íntimamente vinculado al derecho de acceso a la justicia, porque los padres y las familias de los estudiantes merecen que se investigue, que se juzgue y que se sancione a los responsables, también se encuentra íntimamente vinculado a la reparación del daño, aunque para ser sincero existen daños que nunca podrán ser reparados.

 

Lo mejor que le pudo pasar al caso Ayotzinapa es que una expresión política distinta consiguiera llegar a la presidencia de México, porque los otros, los malos, los que ya se fueron ya contaban con su verdad histórica, una “verdad” llena de mentiras, de opacidad, de complicidades, como explicarle a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, que las instituciones del estado que están diseñadas para salvaguardar su seguridad e integridad fueron quienes asesinaron a los normalistas de Ayotzinapa, afortunadamente la investigación esta dando un giro de trescientos sesenta grados, hoy ya se libraron ordenes de aprehensión en contra de Agentes de la entonces PGR, de algunos miembros de ejercito y también de Tomás Zerón de Lucio, el encargado de la investigación de quien se sabe que después de estar en Canadá se fue a refugiar a Israel.

 

Andrés Manuel y la Fiscalía General de la Republica tienen ante si la oportunidad de hacer bien las cosas y pasar a la historia esclareciendo el caso Ayotzinapa, tienen la oportunidad de devolver a los mexicanos la confianza es las instituciones y para eso es necesario investigar, juzgar y sancionar a los responsables, y para eso no se necesita consulta popular. Que caiga quien tenga que caer y que pague quien tenga que pagar. Señor presidente “¡No tenemos armas, no tenemos armas! ¡Ayúdennos! ¡Somos estudiantes!