POR Norberto HERNÁNDEZ
Luego de la solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas, realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), los medios buscaron vincular el hecho con una acción originada desde la presidencia de la República. El propio mandatario tamaulipeco se lanzó de inmediato a decir que era un perseguido político. Acudió a la Cámara de Diputados Federales, según él, a dar la cara, porque no tiene nada que ocultar. Con el afán de victimizarse frente al poder presidencial, quiso valerse de su talento histriónico, pero solo alcanzó a llamar la atención del grupo cameral del Partido Acción Nacional (PAN). No pasó de ahí. Uso la tribuna para decir su verdad sobre una acusación cuyo contenido solo la FGR conocía. Ni los diputados de su partido ni los que analizarán la procedencia de su desafuero estaban enterados de los argumentos jurídicos de las acusaciones en su contra.
Algunos medios se asumieron como intermediarios entre el gobernador, que será sujeto de un proceso de desafuero, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Resulta sorprendente que periodistas ampliamente reconocidos pregunten al Jefe del Ejecutivo y no al titular de la FGR, Dr. Alejandro Gertz Manero, que es el responsable de los cargos que se imputan al gobernador de Tamaulipas y con los que espera se logre su desafuero.
Luego vino otra reacción un tanto desconcertante. Profesionales del derecho, analistas y uno que otro periodista, expresaron que la acción constitucional emprendida contra el mandatario local no va a tener éxito, porque en Tamaulipas el que manda es el señor gobernador. Su argumento es que, aun cuando sea procedente el desafuero en su contra en el orden federal, él tiene mayoría en la Cámara de Diputados Locales y ahí van a dar marcha atrás a la decisión en su contra. Es decir, que al señalado “le van hacer lo que el viento a Juárez”.
Hubo otros, los que más difieren del Gobierno Federal, que se adelantaron a mencionar que este será otro revés al presidente López Obrador. La primera duda es si la oposición ha logrado propinarle algún revés al mandatario federal en los tres años que van de su gobierno. Y lo segundo, es que fue la FGR la que presentó la solicitud de desafuero y que será el Poder Legislativo el que tomará la decisión de aprobar o rechazar tal petición. Esta trama de periodismo tercermundista, me recordó la obra de Kafka “El Proceso”, donde el personaje central de la novela no sabe de qué es acusado y se la pasa buscando abogados para su defensa. Algunos señores de los medios también me recordaron a Rolando Garro y “la retaquita”, dos personajes del libro del Premio Nobel de Literatura, Vargas Llosa, “Cinco Esquinas”. Ambos dedicados a la difamación con el fin de destruir a las personas por encargo. Nada extraño en algunos sectores del periodismo nacional, donde sobrevive la más pura expresión del dicho “calumnia que algo queda”.
Luego llegó la reunión de los gobernadores de la alianza federalista y ahí se terminó de caer el supuesto liderazgo del gobernador tamaulipeco. El nada apreciado ni por sus gobernados, el michoacano Silvano Aureoles, leyó un documento que parecía ser del agrado de los demás gobernadores aliancistas, pero resulta que pronto algunos se deslindaron de tal pronunciamiento, acotando que lo leído por el gobernador michoacano fue a título personal. Así lo dio a conocer el gobernador de Chihuahua, Javier Corral; el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; y el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro. Para mayor claridad de la soledad que le viene al gobernador de Tamaulipas; su similar, Corral no estuvo en la conferencia de prensa donde se leyó el documento, Alfaro no fue a la reunión de los gobernadores aliancistas y Rosas Aispuro se fue antes de concluir el encuentro.
Para evitar el continuismo de discusiones carentes de fondo para la vida pública del país es conveniente traer al análisis un principio básico de la ciencia política y que todo estudiante del área de ciencias sociales recibió en sus primeras clases universitarias. La política es el ejercicio del poder, la forma de llegar a él y cómo mantenerse. No necesariamente se condiciona o se rige por el Estado de Derecho como equivocadamente se ha pretendido encuadrar. Peor aún, se ha extendido la costumbre de aceptar como argumentos válidos lo expresado por analistas, periodistas, abogados, incluso, académicos. Pero el fondo del tema los rebasa, porque las acciones para llegar al poder —es decir, el ejercicio de la política— son más complejos.
Si enjuician o no al gobernador es insignificante, lo estructural es que la oposición al gobierno en turno no ha entendido la trascendencia del cambio de régimen. Durante 93 años controlaron al país de manera colonial; pero eso ya cambió, vivimos una nueva normalidad política.
