Se une TSJEM a la austeridad, pero no se bajan el sueldo

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Por Gerardo García

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJ), determinó sumarse al tema de austeridad con recortes en sus gastos; sin embargo, insistió en mantener los salarios de jueces y magistrados a excepción de que exista una ley en la materia, misma a la que se sujetarán, pronunciamiento que ya han expresado otros órganos autónomos estatales.

El magistrado presidente del TSJ, Sergio Javier Medina Peñaloza fijó postura y recordó que actualmente la entidad enfrenta un déficit de jueces, pues se tiene 2.1 por cada 100 mil habitantes, mientras que la media nacional son de 3.8.

Lo anterior, lo calificó de complejo ya que la entidad es habitada por más de 17 millones de habitantes.

“Entonces desde ahí se da uno cuenta que aquí se trabaja mucho, hay una carga de trabajo muy considerada pero lo vamos a analizar en su momento”, indicó.

Ante la serie de críticas en contra de el Poder Judicial federal por ostentar altos salarios, Medina Peñaloza calificó el caso como complejo, aunque desde días atrás estudian la medida.

Insistió que de existir una ley de salarios, la acatarán, pero también se pronunció por la autonomía e independencia del TSJ.

“Vamos a checar para ver si se expide primero una ley en este sentido; sin embargo, creo también que los integrantes del poder judicial y en su caso cómo podemos sumar por supuesto por el estado de la mejor manera pero con el respeto por supuesto para una autonomía y una independencia pero lo haremos”, indicó.

Medina Peñaloza insistió en que el Poder Judicial estatal, registre un incremento normal de su presupuesto, que permitirá la operatividad de los proyectos que tienen en línea como la implementación de la reforma laboral entre otros temas, refirió.

Según el TSJ tienen actualmente obtiene recursos 30 por ciento inferior de la media nacional.

Pese a ello, via comunicado anunció que ampliará las medidas de austeridad que aplica desde el inicio de su administración, que comprenden como mínimo reducción de los gastos en telefonía, vehículos, viáticos y adelgazamiento de la plantilla administrativa.

Además, se comprometió a que ningún magistrado ni juez tendrá vehículo oficial. Se limitará el uso de los autos institucionales a lo estrictamente necesario. De igual forma, ningún juzgador contará con el servicio de telefonía celular pagado por la institución, potencializando al máximo el uso de la red interna y la telepresencia.